El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha vuelto a manifestar su negativa frente a las solicitudes de compensación económica presentadas por los representantes legales de los familiares de las víctimas fatales del catastrófico megaincendio que azotó las comunas de Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024. Este rechazo marca la segunda vez que el organismo gubernamental desestima una propuesta de acuerdo indemnizatorio en el marco de esta tragedia.
La resolución fue adoptada por el Consejo Pleno del organismo, quien informó la decisión a las familias afectadas el pasado viernes 4 de septiembre, luego de que la propuesta original hubiera sido presentada el martes 1 de septiembre. Esta propuesta de acuerdo buscaba establecer montos de indemnización que oscilaban entre los 20 millones y los 200 millones de pesos, dependiendo estrictamente del nivel de vínculo afectivo y parentesco con la persona fallecida.
Entre los argumentos principales esgrimidos por el CDE para fundamentar este nuevo rechazo, el organismo sostiene que las cifras solicitadas por las defensas de los damnificados exceden de manera significativa los parámetros remuneratorios y compensatorios que son utilizados habitualmente por el Poder Judicial en Chile. Según la entidad, los montos propuestos superan las indemnizaciones que usualmente se conceden en causas judiciales relacionadas con una eventual “falta de servicio”, concepto legal sobre el cual se basan los abogados de las víctimas para exigir la responsabilidad del Estado.
Más allá de la discusión sobre los montos económicos, el Consejo de Defensa del Estado ha mantenido una postura firme respecto a la causalidad del siniestro. En el documento emitido, el organismo reiteró su convencimiento de que el Fisco no posee responsabilidad alguna sobre los hechos ocurridos durante el megaincendio, negando que haya existido una falla institucional que pudiera ser atribuida al Estado en el origen de la emergencia.
Esta postura ha generado fuertes reacciones entre los afectados. Raúl Meza, quien actúa como representante de un grupo de familias damnificadas, calificó la decisión del CDE como "inaceptable". El abogado argumentó que la tesis de la inexistencia de responsabilidad estatal choca frontalmente con la realidad procesal de la causa, subrayando que existen funcionarios públicos que ya han sido formalizados tanto en la arista penal como en la denominada arista de responsabilidad institucional.
Por su parte, Felipe Olea, abogado que representa a más de 60 familias afectadas por el incendio, señaló que, a pesar de este segundo rechazo, la voluntad de llegar a un acuerdo persiste. Olea manifestó que las negociaciones por la indemnización continuarán, asegurando que presentarán una nueva oferta económica con el fin de intentar destrabar el conflicto y brindar un respiro financiero y emocional a quienes perdieron a sus seres queridos.
En un tono más crítico, el abogado Raúl Meza hizo un llamado directo al Ejecutivo, enfatizando la necesidad de que el propio presidente José Antonio Kast intervenga personalmente en la causa. Meza utilizó como referente histórico la gestión realizada por la ex presidenta Michelle Bachelet en el Caso Antuco, sugiriendo que una acción similar del mandatario sería necesaria para resolver la situación de las víctimas.
Es fundamental recordar el impacto humano de este siniestro, ya que se ha contabilizado que al menos 108 personas perdieron la vida a raíz del incendio forestal ocurrido en febrero de 2024, dejando un rastro de devastación en la zona central del país.
En cuanto al estado actual de las investigaciones, la Fiscalía ya ha presentado los cargos y los antecedentes necesarios para dar inicio al juicio oral contra nueve personas acusadas en la arista penal del caso. Paralelamente, en el ámbito de la responsabilidad institucional, el proceso sigue avanzando; cabe destacar que en julio pasado se formalizó a dos ex funcionarios de CONAF Valparaíso, hecho que las defensas de las víctimas utilizan para cuestionar la postura del CDE sobre la inexistencia de responsabilidad estatal.
