El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha remitido al Congreso una nueva iniciativa legislativa en materia de seguridad pública que busca ampliar significativamente las facultades del Poder Ejecutivo. Bajo la denominación de “Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)”, el gobierno de ultraderecha propone la creación de un Estado de Excepción de Seguridad Pública, una herramienta legal que permitiría al mandatario restringir derechos y libertades fundamentales sin la necesidad de contar con la aprobación previa del Parlamento.
Esta propuesta otorgaría al presidente potestades similares a las que actualmente se aplican en situaciones de guerra externa. En el ejercicio de este estado de excepción, el Ejecutivo podría restringir, sin requerir una orden judicial, el derecho de reunión, la libertad personal, la locomoción y la asociación. Asimismo, la normativa permitiría la intervención de comunicaciones y la requisición de bienes, otorgando un control extraordinario sobre la población y los recursos privados en nombre de la seguridad pública.
La implementación de la ACOT ocurre en un contexto de alineación con directrices internacionales. El pasado 16 de julio de 2026, en Washington, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció estas orientaciones durante una “reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político”, evento que contó con la participación de representantes de más de 60 naciones. La respuesta del gobierno de Kast fue inmediata, enviando el proyecto de reforma constitucional al parlamento el 17 de agosto.
Este giro político ocurre tras el mandato de Gabriel Boric (2022-2026), quien fue el presidente más joven en la historia del país. El análisis del actual escenario sugiere que la transición hacia un gobierno de ultraderecha, liderado por un admirador de Augusto Pinochet, responde a dos factores principales: la percepción de impunidad respecto a las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante las protestas sociales de 2019 y 2020, y la existencia de un progresismo calificado como “tímido” y carente de un horizonte utópico.
En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que las demandas sociales se centraban en el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además del reconocimiento de los pueblos indígenas. No obstante, la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera fue el uso excesivo de la fuerza, resultando en 34 personas asesinadas y 455 víctimas de trauma ocular o pérdida de visión.
Durante la administración de Gabriel Boric, en abril de 2023, se promulgó la Ley Naín Retamal 1.0. Esta legislación establece la “legítima defensa privilegiada” para los carabineros y fuerzas de seguridad, invirtiendo la carga de la prueba. Bajo esta norma, se presume que el funcionario actuó de forma correcta al usar su arma de servicio, obligando a la víctima o a sus familiares a probar que hubo un uso indebido de la fuerza, en lugar de que el policía demuestre que su vida estaba en peligro. El presidente Boric no vetó esta ley, la cual fue aplicada de forma retroactiva, generando un manto de impunidad para los agentes responsables de abusos durante el estallido social. Un caso emblemático es el del carabinero Claudio Crespo, quien fue absuelto a pesar de haberse demostrado su responsabilidad en los disparos que causaron la pérdida de visión del actual diputado Gustavo Gatica.
El presidente Kast busca ahora elevar esta apuesta mediante la "Ley Naín-Retamal 2.0", que extendería la legítima defensa privilegiada también a los funcionarios militares y policiales que se encuentren fuera de servicio (de franco).
Respecto a la gestión de Boric, se destaca la contradicción entre su postura como diputado, donde se opuso a la militarización de la Araucanía, y su desempeño como presidente, donde mantuvo el Estado de Excepción Constitucional en dicha zona. Esta continuidad en las políticas represivas provocó el alejamiento de su base popular. En agosto de 2026, el propio Boric admitió que la izquierda fue “poco creíble” en materia de seguridad ante la ciudadanía.
Finalmente, el contexto institucional muestra que Carabineros de Chile ha estado envuelto en diversos escándalos financieros, redes de coimas y vínculos con el crimen organizado. A pesar de que en 2022 la sociedad demandaba una reestructuración profunda de la institución, dicha reforma no se concretó, dejando el camino abierto para la implementación de las actuales políticas de seguridad del gobierno de Kast.
