El gobierno de Colombia, bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella, informó este domingo 6 de septiembre de 2026 sobre los resultados de una serie de operaciones militares ejecutadas en las últimas 24 horas en el departamento de Nariño. Según el reporte oficial, el despliegue bélico resultó en la muerte de al menos siete integrantes del Estado Mayor Central (EMC), una de las organizaciones disidentes más grandes y activas de la antigua guerrilla de las FARC.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario detalló que los fallecidos pertenecían al frente Franco Benavides del EMC. Las acciones militares tuvieron lugar específicamente en la zona de El Peñol, Nariño. Además de las bajas reportadas en el campo de batalla, el presidente confirmó que cinco personas fueron capturadas durante el desarrollo de estas operaciones, lo que representa un impacto directo sobre la estructura operativa de este grupo armado en la región.
El impacto de la ofensiva no se limitó a las bajas humanas. El Ejército Nacional logró desmantelar una red de producción de estupefacientes al identificar e intervenir cinco laboratorios destinados a la elaboración de pasta base de cocaína. Durante las allanamientos y registros, las fuerzas militares incautaron una cantidad masiva de precursores químicos, sumando más de 1.000 galones de insumos líquidos y 175 kilos de insumos sólidos, elementos críticos para el procesamiento de la droga en la zona.
En un giro hacia la lucha contra las drogas sintéticas, las autoridades colombianas reportaron el decomiso de sustancias de alta peligrosidad. El balance incluye la incautación de 6.000 mililitros de ketamina y 600 mililitros de fentanilo, sustancias que han incrementado su presencia en los mercados ilícitos. Simultáneamente, el operativo extendió su alcance hacia la lucha contra el financiamiento ilegal mediante la minería. El Gobierno informó la intervención de siete unidades de producción y siete dragas que eran utilizadas para la extracción ilegal de minerales, actividad que suele alimentar las arcas de las disidencias.
Estas acciones se inscriben en el balance general que el presidente Abelardo de la Espriella ha presentado desde que inició su mandato el pasado 7 de agosto. El jefe de Estado destacó que, en el corto periodo transcurrido desde su toma de posesión, su administración ha logrado resultados operativos significativos. De acuerdo con las cifras gubernamentales, se han efectuado 14.914 capturas y se han incautado 49.379 kilos de estupefacientes. Asimismo, se ha logrado retirar 1.485 armas de fuego de la circulación y erradicar un total de 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca.
Sin embargo, la implementación de estas estrategias ha estado marcada por la controversia. Desde su etapa de campaña, De la Espriella prometió aplicar una política de "mano dura" contra los grupos criminales, una promesa que se ha materializado en una intensificación de los operativos militares y el uso de bombardeos durante las últimas semanas.
Esta línea de acción ha tenido consecuencias humanas delicadas, particularmente en lo que respecta a la población menor de edad. Como ejemplo de la crudeza de estos enfrentamientos, el mandatario y las autoridades han reconocido que algunos de estos bombardeos han dejado fallecidos menores de edad. Un caso emblemático ocurrió a finales de agosto en el departamento del Guaviare, donde un operativo resultó en la muerte de diez miembros de una disidencia de las FARC. Entre los abatidos se encontraban tres menores de edad: dos jóvenes de 15 años y uno de 16 años.
Con estos recientes acontecimientos en Nariño, el Gobierno colombiano reafirma su postura de confrontación directa contra las estructuras del Estado Mayor Central, mientras el país observa el balance entre la eficacia operativa y el costo humano de la estrategia de seguridad implementada por el presidente De la Espriella.
