El Gobierno de Perú ha tomado medidas drásticas para fortalecer la seguridad ciudadana. Se ha decretado el estado de emergencia en cinco prisiones de alta seguridad en todo el país, otorgando el control de estas instalaciones a la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Las cárceles afectadas por esta medida son Challapalca en Tacna, Cochamarca en Pasco, Trujillo Varones en La Libertad, y en Lima, los penales de Miguel Castro Castro y Ancón I. El decreto tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en un perímetro de hasta 200 metros de distancia de los centros penitenciarios.
Durante este periodo, quedan suspendidos constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal en dichas zonas. El Gobierno ha detallado que la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutarán acciones para garantizar la seguridad no solo del perímetro exterior, sino también del espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles.
Estas operaciones incluyen un control estricto de los accesos y labores de inteligencia diseñadas específicamente para prevenir fugas. Asimismo, se han adelantado operativos permanentes para el decomiso de armas, tarjetas SIM y teléfonos móviles que pudieran estar en manos de los reos.
Sobre estas acciones, el primer ministro de Perú, Luis Galarreta, sostuvo que el Gobierno nacional impulsa medidas contra la inseguridad a través de sus diversos sectores, independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades. Galarreta recalcó que, una vez obtenidas dichas facultades, el Estado podrá actuar con más fuerza.
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