El Gobierno de Perú ha tomado una medida drástica para fortalecer la seguridad ciudadana. Se ha decretado el estado de emergencia en cinco prisiones de alta seguridad del país por un periodo de sesenta días.
Esta medida afecta específicamente a los penales de Challapalca en Tacna, Cochamarca en Pasco, Miguel Castro Castro y Ancón I en Lima, y Trujillo Varones en La Libertad. El decreto establece que la Policía Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, mantendrá el control total de estas instalaciones.
La emergencia se extiende a un perímetro de hasta doscientos metros alrededor de las cárceles. En esta zona, quedan suspendidos constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal.
El despliegue no se limita solo a la vigilancia terrestre. Las autoridades ejecutarán acciones para garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los centros penitenciarios. El objetivo es implementar un control estricto de los accesos y realizar labores de inteligencia para prevenir posibles fugas.
Además, el Gobierno ha adelantado que se llevarán a cabo operativos permanentes destinados al decomiso de teléfonos móviles, tarjetas SIM y armas que pudieran estar en posesión de los internos.
Sobre estas acciones, el primer ministro de Perú, Luis Galarreta, ha sostenido que el Gobierno nacional impulsa medidas contra la inseguridad a través de sus diversos sectores, independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades. Galarreta recalcó que, una vez obtenidas dichas facultades, actuarán con mayor fuerza.
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