La Gran Logia del Ecuador, institución centenaria que ha sido pieza clave en la arquitectura política e intelectual del país, atraviesa actualmente una profunda fractura estructural. Lo que históricamente fue un espacio de reserva, estudio filosófico y formación moral, se encuentra hoy sumergido en un escenario de pleitos electorales, batallas judiciales y campañas de desprestigio digital que han trasladado sus conflictos internos al escrutinio público.
Para comprender la magnitud de la crisis, es necesario remitirse al peso histórico de la masonería en el Ecuador. Lejos de las concepciones erróneas que la asocian con sectas o esoterismo oscuro, la orden es reconocida por historiadores como la red de hombres libres que impulsó la Fragua de Vulcano y la independencia de Guayaquil en 1820. Su influencia alcanzó un punto culminante con Eloy Alfaro, masón grado 33, quien utilizó los principios de la hermandad para consolidar la Revolución Liberal y establecer las bases del Estado laico.
Tradicionalmente, el ascenso dentro de la orden exige un rigoroso proceso de formación dividido en grados. En la base se encuentran el aprendiz, el compañero y el maestro, niveles que requieren años de instrucción en historia y filosofía. En la cúspide, el Supremo Consejo administra los grados filosóficos hasta el 33. Este sistema estaba diseñado para que el ascenso fuera el resultado de un lento perfeccionamiento moral y no de un proceso vertiginoso.
Sin embargo, esta estructura de excelencia parece haberse desdibujado. Actualmente, la Gran Logia enfrenta una disputa por el poder centrada en la figura de Héctor Vanegas, quien defiende la legitimidad de su elección como Gran Maestro. Vanegas sostiene que en los comicios realizados el 17 de enero de 2026 obtuvo el 99,20 % de los votos de la asamblea masónica. A pesar de que el Ministerio de Gobierno avaló y registró su nombramiento el 2 de marzo de 2026, una orden judicial impulsada por una logia detractora ha anulado dicha elección, impidiéndole continuar con su gestión.
El conflicto ha escalado a instancias legales severas. Vanegas ha presentado una denuncia por prevaricato contra la jueza que emitió el fallo, solicitando su destitución ante el Consejo de la Judicatura. El Gran Maestro argumenta que la magistrada vulneró la Ley Orgánica de Transparencia Social, la cual protege la autonomía administrativa de las organizaciones privadas y de creencias. Según Vanegas, el fallo judicial, que ordena entregar el control de la logia a ex Grandes Maestros —algunos de ellos inactivos o expulsados—, desnaturaliza la función judicial.
Esta parálisis administrativa ha tenido consecuencias económicas tangibles. La inestabilidad en la representación legal ha provocado el congelamiento de obligaciones financieras, resultando en el impago de alquileres de diversos templos a nivel nacional, así como el retraso en los sueldos de los empleados de la Gran Logia y sus respectivas aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Paralelamente al conflicto legal, emerge una crisis de "higiene moral". Sectores de la "vieja guardia" denuncian una banalización de la Orden debido a la flexibilización en los requisitos de ingreso. Un exmiembro de alto rango señaló que la logia, que debió mantenerse como una élite intelectual, ahora admite a personas sin instrucción y a políticos procesados por la justicia. Como ejemplo, se menciona el caso de Dalton Narváez, exalcalde de Durán sentenciado por peculado, quien fue inducido a la masonería incluso después de haber sido notificado de sus delitos, aunque posteriormente se revocó su ingreso.
Desde otras perspectivas, Luis Almeida, ex Gran Maestro y Grado 33, atribuye el caos a las imperfecciones de la democracia interna de la Gran Logia, diferenciándola de la estructura más reservada del Supremo Consejo. Aunque reconoce la entrada de personas "ignorantes de la orden", Almeida hace un llamado a la unidad, destacando que aún existen líderes jóvenes preparados y una élite intelectual en las logias guayaquileñas.
Por su parte, Guillermo Campaña, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo, sostiene que el hermetismo original se quebró cuando el Estado obligó a la institución a registrarse jurídicamente para operar civilmente. Según Campaña, esto abrió la puerta a "intereses profanos" de quienes buscan réditos políticos, concluyendo que la institución actual es el reflejo de sus propias fallas.
A pesar de estas tensiones y de mantener deudas estructurales, como la exclusión femenina en sus talleres regulares en Ecuador, la hermandad lucha por sobrevivir. El desafío final para la Gran Logia del Ecuador será determinar si su arquitectura moral podrá resistir el peso de los egos y la espectacularización de sus conflictos internos.
