¿Pueden los niños ser considerados "blancos legítimos" en una operación militar? Esta es la controversia que ha llevado a la justicia colombiana a intervenir.
Un juzgado del departamento del Guaviare ordenó al presidente Abelardo de la Espriella y al Ejército no bombardear objetivos de grupos armados si existe información sobre la presencia de menores de edad. Esta decisión se suma a una medida cautelar previa de un juzgado de Bogotá, que ordenó abstenerse de atacar lugares donde haya evidencia de menores víctimas de reclutamiento.
Ambos fallos ocurren tras el reporte del Instituto de Medicina Legal sobre la muerte de tres menores —de 15 y 16 años— en una operación militar contra disidencias de las FARC en el municipio de El Retorno, Guaviare, el pasado 27 de agosto. Aunque el Gobierno defendió la legalidad de la operación, señalando que los jóvenes formaban parte del grupo armado, la justicia busca proteger los derechos fundamentales de la niñez.
La medida provisional exige que el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el ICBF informen, en un plazo de 48 horas, sobre los protocolos y mecanismos para identificar la presencia de niños en zonas de operaciones. Asimismo, se solicita verificar la inteligencia y evaluar los riesgos para la población civil antes de ejecutar ataques aéreos.
Este debate se reabrió también por la muerte de otro menor en un bombardeo el 10 de agosto en la región del Catatumbo. El contexto es crítico: según la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y julio de 2026, se tuvieron conocimiento de 1,173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, en medio de un aumento de las operaciones militares ordenadas por el Gobierno.
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