Un juzgado del departamento del Guaviare ha ordenado al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Ejército Nacional abstenerse de bombardear objetivos de grupos armados si existe información sobre la presencia de menores de edad en el lugar.
Esta decisión judicial se suma a una medida cautelar emitida el pasado jueves por un juzgado de Bogotá, que también instó al mandatario y a las Fuerzas Armadas a evitar ataques en zonas donde haya evidencia de menores víctimas de reclutamiento.
Ambos fallos se producen una semana después de que el Instituto de Medicina Legal confirmara la muerte de tres menores —dos de 15 años y uno de 16— durante una operación militar contra disidencias de las FARC en la zona rural del municipio de El Retorno, en el Guaviare. Ante este hecho, el Gobierno defendió la legalidad de la operación, señalando que los menores formaban parte del grupo armado y eran considerados "blancos legítimos".
La controversia se intensifica tras la muerte de otro menor el 10 de agosto en la región del Catatumbo, reabriendo el debate sobre el uso de operaciones aéreas. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026, se tuvo conocimiento de 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país.
El juzgado tercero penal de San José del Guaviare, que respondió a una acción de tutela, ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al ICBF informar en un plazo de 48 horas los protocolos implementados para identificar la presencia de niños en zonas operativas. Además, solicitó evaluar los riesgos para la población civil y garantizar un enfoque de protección reforzada de la niñez en la planeación de estas misiones.
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