El Salvador registra actualmente la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Con una población penitenciaria estimada entre 110.000 y 115.000 personas, el sistema enfrenta un hacinamiento del 261 %, operando muy por encima de su capacidad diseñada para 30.000 plazas.
Esta situación es el resultado de una política de seguridad centrada en la detención masiva y la aplicación del Régimen de Excepción vigente desde marzo de 2022. Mientras el gasto en Defensa Nacional aumentó más del 145 % y el de Seguridad Pública cerca del 65 %, áreas de desarrollo social, como Salud y Educación, han perdido peso relativo. Este reordenamiento financiero coincide con un incremento de la pobreza extrema, que pasó del 4,5 % en 2019 al 8,6 %.
En el ámbito judicial, la situación es compleja. Informes señalan que entre el 12 y el 15 % de los detenidos bajo el Régimen de Excepción no tienen vínculos demostrables con el crimen organizado. De hecho, entre 7.000 y 8.000 personas han recuperado la libertad recientemente tras permanecer meses o años en prisión preventiva sin haber comparecido individualmente ante un juez. Paralelamente, Amnistía Internacional ha documentado al menos 470 muertes de personas bajo custodia estatal.
El espacio para el periodismo crítico y la oposición se ha reducido. Medios como El Faro trasladaron su redacción a Costa Rica tras denunciar amenazas. A pesar de estas tensiones, el presidente Nayib Bukele mantiene niveles de aprobación superiores al 85 %, aunque encuestas recientes indican que el 70,7 % de la población ahora prioriza preocupaciones económicas, como el costo de vida y el desempleo, por encima de la delincuencia.
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