A partir de las 0 horas de este sábado, ha entrado en vigor el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, una normativa que modifica sustancialmente el abordaje legal de los adolescentes en Argentina. El cambio fundamental radica en que los jóvenes de 14 y 15 años pasan a ser imputables en caso de cometer un delito, eliminando la condición de inimputabilidad que los amparaba hasta hace pocas horas.
La medida es el resultado de la Ley 27.801, sancionada por el Senado de la Nación en febrero de este año, la cual estableció un plazo de 180 días desde su promulgación para su implementación efectiva. El objeto central de esta norma es establecer el régimen penal aplicable a personas adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen los 18, siempre que sean imputadas por hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en leyes penales especiales, tanto vigentes como futuras.
La puesta en marcha de este régimen ha generado fuertes cuestionamientos dentro del Poder Judicial, especialmente en fiscalías y juzgados de menores a nivel nacional y provincial. Funcionarios judiciales consultados advierten que el impacto operativo será masivo, estimando que podría producirse un incremento de causas penales de entre el 40% y el 80%.
Un fiscal de menores de la provincia de Buenos Aires explicó que, hasta el viernes, los adolescentes de 14 y 15 años eran considerados "no punibles", pero que ahora se convierten en "punibles". Esto implica que, ante la comisión de un delito grave con penas superiores a los tres años —como homicidios, abusos sexuales o robos a mano armada—, el menor podrá ir preso.
Este cambio implica la apertura de procesos penales mucho más complejos. A diferencia del sistema anterior, ahora se deberán solicitar pericias de celulares, análisis de armas, informes médicos y rastreo de huellas, procedimientos estándar de un expediente judicial. Según el secretario de un juzgado de menores bonaerense, mientras que anteriormente el menor tenía derecho a ser oído, ahora será imputado e indagado, siguiendo un proceso penal completo hasta llegar a un juicio.
La preocupación de los magistrados se centra en la falta de recursos. Los funcionarios señalan que deberán absorber este aluvion de causas con la misma estructura actual. Un fiscal destacó que ahora deberán solicitar la detención de jóvenes de 14 o 15 años ante un juez de Garantías, un procedimiento más amplio que podría perjudicar el funcionamiento general de las fiscalías. Asimismo, calificó la ley como una "ley de marketing", argumentando que se basa en estadísticas y no en la realidad social, señalando que la baja de la edad en la delincuencia es consecuencia de la falta de educación y trabajo.
Los datos respaldan la magnitud del desafío. Según proyecciones de la Comisión del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, el aumento de causas estará entre el 40% y el 60%. Para dar contexto, la Procuración bonaerense informó que en 2025 se iniciaron 1.857 procesos penales juveniles con 1.828 menores imputados. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró en 2025 un total de 1.753 causas penales a menores, de las cuales 802 correspondían a niños, niñas y adolescentes de hasta 15 años inclusive, quienes hasta ahora eran inimputables.
Desde la justicia nacional, un juez de un tribunal de menores sostuvo que la ley responde a una demanda social de mayor seguridad, pero advirtió que el sistema podría quedar desbordado. Según este magistrado, la estructura estatal de centros de menores no está preparada para el incremento de delitos ni para la baja de la edad de imputabilidad, previendo un aumento de casos de hasta el 80%.
El análisis crítico se extiende al sistema policial y educativo. El juez señaló que la policía no posee el lenguaje ni la preparación para tratar con chicos de 14 a 16 años, y que el sistema educativo tampoco está equipado para evitar la conflictiva penal. Según el funcionario, el sistema penal no tiene la capacidad de educar ni sociabilizar, y que la problemática comienza cuando fallan las redes de contención como escuelas, clubes y centros comunales.
En cuanto a la naturaleza de los delitos, durante el año pasado la justicia nacional investigó 2.005 hechos, de los cuales el 81% fueron delitos contra la propiedad (robos). Los delitos sexuales ocuparon el tercer lugar y los delitos contra las personas, como homicidios, el cuarto, con 10 menores investigados.
Respecto a las penas, la normativa establece que para delitos con condenas de hasta 3 años, y aquellos de entre 3 y 10 años que no incluyan lesiones graves o muerte, se aplicarán regímenes de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, reparaciones económicas o la imposibilidad de conducir. Para los delitos más graves, la pena máxima de prisión se redujo de 20 a 15 años.
La ley también prevé la creación de institutos especiales con personal especializado en infancia y adolescencia, además de programas educativos, laborales y recreativos para garantizar la reinserción. Anteriormente, a los menores de 15 y 16 años se les solicitaban "medidas de seguridad restrictiva de la libertad", que permitían el alojamiento en un centro por un máximo de un año para evitar riesgos en su vida.
Finalmente, se subrayó que la solución real no reside en la detención, sino en la educación y el trabajo. Un fiscal mencionó que la reincidencia no es alta cuando se ofrecen alternativas reales, citando como ejemplo la capacitación en oficios como la peluquería, que ha permitido a jóvenes salir de situaciones conflictivas. En el plano administrativo, el Ministerio de Justicia de la Nación ha firmado convenios con las provincias de Mendoza, La Pampa y Salta para capacitar personal y desarrollar plataformas de registro de supervisores.
