El expresidente Álvaro Uribe asistió este viernes 4 de septiembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación con el fin de rendir indagatoria en el marco de un proceso judicial que lo vincula con presuntas omisiones durante su periodo como gobernador de Antioquia. La investigación se centra específicamente en su supuesta relación con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del líder social Jesús María Valle.
Antes de ingresar a la diligencia, el exmandatario ofreció declaraciones a los medios en las que manifestó su tristeza por enfrentar este proceso, aunque subrayó que su comparecencia responde al respeto que profesa por la Constitución, su familia, sus compatriotas y las instituciones judiciales. Uribe aprovechó el espacio para defender su trayectoria, señalando que ha sido acusado de violaciones a los Derechos Humanos a pesar de que, según su criterio, la política de Seguridad Democrática implementada durante su gobierno sirvió a todos los ciudadanos colombianos.
Durante su intervención, el expresidente sostuvo que estas nuevas acusaciones forman parte de una serie de señalamientos promovidos por sus adversarios políticos. Uribe hizo un recuento de las diversas imputaciones que ha recibido a lo largo de su vida pública, que abarcan desde sus posturas económicas hasta supuestos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Al respecto, rechazó categóricamente ser un "narco-paramilitar", argumentando que sus resultados en el desmonte del paramilitarismo y la disminución del narcotráfico contradicen tales afirmaciones.
Uno de los puntos más delicados abordados por el exmandatario fueron los denominados "falsos positivos". Uribe afirmó que dicho término fue acuñado por una persona que formaba parte de su administración y cuestionó que estos hechos no hubieran sido evitados o sancionados de manera oportuna. Asimismo, negó cualquier vínculo con Pablo Escobar, recordando que el jefe del Cartel de Medellín ordenó atentados contra su vida en repetidas ocasiones como represalia por el cumplimiento de sus funciones oficiales.
En relación con las acusaciones de soborno de testigos, Uribe aseguró que sus acciones han estado orientadas exclusivamente a la defensa de su reputación, reiterando que se siente víctima de una persecución orquestada por sus detractores. También se refirió a la situación política actual, rechazando la tesis de un supuesto “Petro-Uribismo”. El expresidente afirmó que ha mantenido una oposición "leal con la Nación" y "sin declives" frente al gobierno de Gustavo Petro, asegurando que no actúa bajo una lógica de retaliación ni de "ojo por ojo".
En un tono personal, Uribe mencionó la condena de su hermano, a quien describió como un hombre de valores morales y un "finquero básico", sugiriendo que su sentencia fue producto de señalamientos de adversarios. Al finalizar sus declaraciones previas a la diligencia, el exmandatario fue enfático al referirse a la naturaleza de los cargos: “Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”.
El contexto de esta indagatoria se ve marcado por la reciente declaración de Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Mancuso fue interrogado sobre la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 en Ituango, Antioquia. Según trascendió de la diligencia privada, Mancuso respondió que "no le consta" que el gobernador Uribe hubiera ordenado, sugerido o apoyado dicha operación paramilitar, y tampoco pudo confirmar si el entonces gobernador tenía conocimiento previo de la incursión. Sobre la masacre de La Granja, el exjefe paramilitar manifestó no saber al respecto. Estas declaraciones contrastan con versiones anteriores de Mancuso, en las que había mencionado la existencia de colaboración desde la Gobernación de Antioquia con las autodefensas.
Los hechos que originan la investigación son graves. La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996, cuando paramilitares de las ACCU y el Bloque Mineros asesinaron a cinco personas tras señalarlas de colaborar con la guerrilla. Posteriormente, entre octubre y noviembre de 1997, se perpetró la masacre de El Aro, donde fueron asesinadas 15 personas, incendiadas 42 viviendas, robadas 1.200 cabezas de ganado y desplazadas unas 1.400 personas. En este caso, se estableció la participación de comandantes como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, además de empresarios y miembros de la Fuerza Pública.
El tercer eje de la investigación es el asesinato de Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998. Valle fue asesinado en su oficina de Medellín luego de haber denunciado la actuación de grupos paramilitares en Ituango y la presunta connivencia de sectores de la Fuerza Pública.
Actualmente, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si hubo apoyo o conocimiento desde la Gobernación de Antioquia. Mientras tanto, persiste una controversia jurídica sobre la competencia del caso. La Comisión de Acusación de la Cámara solicitó el expediente, pero la Fiscalía se negó argumentando que, al momento de los hechos, Uribe no era presidente. El caso se encuentra ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá definir qué autoridad debe asumir el proceso. Por su parte, la defensa de Uribe, liderada por Jaime Granados, había intentado aplazar la indagatoria, solicitud que fue denegada por el ente acusador.
