El Gobierno Nacional continúa desmontando los mecanismos de negociación de la llamada ‘paz total’. Mediante las resoluciones 365 y 369 de 2026, el presidente Abelardo De la Espriella puso fin formalmente a los procesos de diálogo con el frente Comuneros del Sur y con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
Estas decisiones derogan los acuerdos de 2023 y 2024 que permitían dichas mesas. El mandatario ha sido enfático al señalar que “se acabaron las mesas sin resultados”.
En el caso de Medellín, este espacio sociojurídico fue polémico desde su inicio, especialmente por el evento conocido como el “tarimazo”, donde cabecillas de bandas estuvieron junto al expresidente Gustavo Petro. Debido a esto, la senadora Isabel Zuleta fue investigada por el Consejo de Estado y la Corte Suprema por presunta extralimitación. Entre los grupos afectados están La Oficina, Los Chatas, El Mesa y Pachelly, entre otros combos locales.
El cierre de esta mesa se anticipó la semana pasada con el traslado de 104 reclusos de la cárcel La Paz, en Itagüí. Ahora, existe el temor de que se incremente el número de homicidios y ajustes de cuentas en las zonas controladas por estas bandas.
Por otro lado, el fin del diálogo con los Comuneros del Sur genera alerta en Nariño. El gobernador Luis Alfonso Escobar pidió evitar pasar de una “paz total a una guerra total”, solicitando que se revisen los avances en seguridad antes de tomar decisiones definitivas. Sobre alias HH, líder de este grupo, ya existe una orden de extradición hacia Estados Unidos.
Estas medidas se suman al cierre, el pasado 29 de agosto, de los diálogos con las disidencias de alias Calarcá, la CNEB y los Conquistadores de la Sierra Nevada. Hasta el momento, no se conoce una resolución sobre el futuro de las conversaciones con el Clan del Golfo.
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