Un juzgado de Bogotá ha puesto freno a los bombardeos aéreos en Colombia cuando se sospeche la presencia de menores de edad. El Juzgado 34 de Familia decretó una medida provisional que prohíbe ataques sobre objetivos donde exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados.
La orden, dirigida a la Presidencia y al Ministerio de Defensa, busca que el Estado fortalezca sus protocolos de inteligencia para evitar tragedias como las ocurridas recientemente en Catatumbo y Guaviare. El abogado Borda Parra, quien presentó la tutela, aclara que su intención no es impedir que el Estado enfrente a los grupos armados, sino evitar que los menores, quienes son víctimas, terminen expuestos a estas operaciones.
Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que apelará la decisión. Lara cuestiona que términos como “razonablemente verificable” son demasiado amplios y podrían hacer inviable cualquier operación aérea en el terreno. Según el ministro, esto podría generar un “incentivo perverso” para que los narcoterroristas utilicen a los menores para obtener inmunidad territorial.
El contexto es crítico. Según datos de Medicina Legal, durante el gobierno de Iván Duque murieron 42 menores en operaciones militares. Bajo la administración de Gustavo Petro, la cifra subió a 62, lo que representa un incremento del 47,6 %. Asimismo, se han registrado cuatro menores muertos en lo corrido del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Por ahora, la orden permanece vigente, obligando a las Fuerzas Militares a extremar precauciones y buscar alternativas menos lesivas para alcanzar sus objetivos militares sin vulnerar los derechos fundamentales de los menores reclutados.
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