Dos exempleadas del reconocido cantante Julio Iglesias han dado un nuevo paso legal al presentar una querella ante la Audiencia Nacional. Esta acción judicial se produce después de que el Ministerio Fiscal decidiera archivar una denuncia inicial interpuesta en 2021, fundamentando dicha decisión en la comprensión de que los tribunales españoles no eran los competentes para llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados.
La entidad que brinda asistencia legal y apoyo a las afectadas es la ONG Women’s Link. A través de un comunicado oficial, la organización ha informado sobre la presentación de esta querella por parte de las mujeres, a quienes se identifica con los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad. Según el relato sostenido por las querellantes, el artista las habría sometido a situaciones constantes de acoso y agresiones sexuales, además de haberles impuesto condiciones laborales que califican como forzadas y degradantes.
Desde la perspectiva jurídica de Women’s Link, los hechos descritos en la querella podrían ser constitutivos de diversos delitos graves. Entre ellos, la ONG señala la posible comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de servidumbre y trabajo forzado. Asimismo, se apunta a la existencia de delitos contra la indemnidad y la libertad sexual, así como la posible comisión de lesiones y trato degradante. La organización también hace hincapié en que las condiciones laborales abusivas impuestas podrían representar delitos contra los derechos fundamentales de las trabajadoras.
Los hechos que originaron el conflicto legal se remontan al año 2021, momento en el cual Julio Iglesias tenía 77 años. Las denunciantes, que se desempeñaban como una fisioterapeuta y una antigua empleada del hogar, relataron que las agresiones sexuales, las vejaciones y las lesiones ocurrieron en las residencias del cantante situadas en Bahamas y en la República Dominicana.
Dentro de los testimonios presentados, una de las mujeres ha sostenido que fueron obligadas a someterse a una serie de pruebas médicas exhaustivas y obligatorias. Estas revisiones incluían exámenes ginecológicos, tests de embarazo y pruebas para la detección de enfermedades de transmisión sexual, mencionando específicamente los exámenes para detectar el virus del VIH.
El camino judicial ha sido complejo para las afectadas. La primera denuncia, interpuesta ante la Fiscalía en enero, terminó siendo archivada. El argumento principal para este cierre fue la falta de un vínculo relevante con España, lo que llevó a la autoridad fiscal a concluir que no existía jurisdicción para actuar en el caso, dado que los sucesos ocurrieron en el extranjero.
Ante este escenario, las mujeres y su equipo legal buscan ahora un desenlace diferente en la Audiencia Nacional. Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, y Estefanny Molina, directora adjunta y de estrategias globales de la misma ONG, han expresado su esperanza de que la querella sea admitida a trámite. Según señalan, el objetivo es que el caso se investigue a fondo y se envíe un mensaje claro sobre el derecho de todas las personas a acceder a las garantías judiciales.
Asimismo, las representantes de la ONG han subrayado que el archivo previo realizado por la Fiscalía no debe interpretarse como una resolución sobre la veracidad de los hechos. Han recalcado que dicha decisión no supone que las acusaciones hayan sido juzgadas ni que exista una sentencia judicial definitiva sobre el fondo del asunto. En su opinión, la gravedad de los hechos denunciados justifica plenamente una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
Más allá del caso particular, Women’s Link ha vinculado esta situación con una problemática estructural. Consideran que miles de trabajadoras remuneradas del hogar en Europa, el Caribe y América Latina podrían estar atravesando circunstancias similares. La organización describe este sector como profundamente precarizado, racializado y feminizado, argumentando que las relaciones de poder inherentes a este entorno pueden facilitar diversas formas de explotación y violencia. En este sentido, han enfatizado que lo denunciado por Rebeca y Laura es relevante no solo por el caso individual, sino por todas las trabajadoras que puedan enfrentar violencias similares.
Por su parte, Julio Iglesias ha mantenido una postura de negación constante desde que las acusaciones salieron a la luz. El cantante ha rechazado la veracidad de los hechos imputados, mientras que su equipo de abogados ha defendido que el artista ha sido víctima de un "linchamiento público".
