La Corte Constitucional de Ecuador ha decidido abstenerse de conocer un caso judicial relacionado con la demanda para el pago de un préstamo, en el cual una entidad bancaria buscaba revertir decisiones previas que le impedían avanzar por la vía judicial ordinaria. La máxima instancia constitucional determinó que la resolución impugnada no constituye un impedimento definitivo para la continuación del proceso ni cierra las puertas a que las pretensiones del demandante sean discutidas en el futuro.
El origen de este conflicto legal se remonta a una demanda presentada por un banco para el cobro de un crédito. El punto central de la controversia no radicaba en la existencia de la deuda, sino en la vía procesal elegida para resolver el conflicto. Según los términos establecidos en el contrato firmado entre las partes, las controversias derivadas del acuerdo debían resolverse bajo una modalidad de "elección del actor". Esto significaba que la parte que decidiera demandar tenía la facultad de escoger entre dos caminos: acudir a la justicia ordinaria mediante un juicio ejecutivo o un juicio verbal sumario, o bien, someter la disputa ante un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Quito.
En primera instancia, el demandante optó por ejercer su derecho de elección y presentó la demanda ante la justicia ordinaria. Sin embargo, el caso llegó a una Sala de lo Civil de la Corte de Pichincha, conformada por los jueces Carranza, Macías y Montalvo. El 6 de febrero de 2024, en el marco del juicio 17230-2022-09189, este tribunal analizó la postura de los demandados y llegó a una conclusión estrictamente procesal.
Los jueces de la Corte de Pichincha determinaron que, si bien el contrato facultaba al demandante a acudir a los jueces, dicha facultad estaba limitada específicamente a dos tipos de procedimientos: el ejecutivo o el verbal sumario. El banco demandante, no obstante, había interpuesto la acción a través de un proceso "ordinario". Debido a esta discrepancia procedimental, la Corte de Pichincha declaró ineficaz la elección del demandante de acudir a la vía judicial, considerando que no se había cumplido con la formalidad establecida en el convenio contractual.
Ante este escenario, el proceso fue derivado hacia el arbitraje, siguiendo la otra alternativa prevista en el contrato. No obstante, la entidad bancaria no aceptó esta resolución y decidió escalar la disputa mediante un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, con el objetivo de que se revisara la decisión tomada por los jueces provinciales.
El 29 de julio de 2025, el juez Sarango, actuando en representación de la Corte Nacional, inadmitió el recurso de casación. El argumento central para esta negativa fue que la resolución impugnada no ponía fin a la controversia jurídica. Según la Corte Nacional, el hecho de que el caso fuera enviado a arbitraje no significaba que el derecho al cobro hubiera desaparecido, sino que simplemente se estaba redirigiendo el conflicto hacia la jurisdicción correspondiente según la interpretación del contrato.
Agotadas las instancias ordinarias, el demandante insistió en su postura y llevó el caso ante la Corte Constitucional. El proceso, identificado como caso 2263-25-EP y con la jueza Quevedo como ponente, fue analizado bajo la óptica de los derechos constitucionales y procesales.
La Corte Constitucional, al emitir su fallo, se abstuvo de conocer el asunto. La fundamentación de la Corte fue clara: la decisión que se impugnaba no incidía por sí misma en la continuación o no del proceso, ni impedía que las pretensiones del banco fueran discutidas posteriormente. El tribunal constitucional subrayó que el actor mantiene la posibilidad de presentar nuevamente su demanda, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley y se dirija a la jurisdicción competente.
Con esta decisión, la Corte Constitucional ratifica que los errores en la elección de la vía procesal no constituyen una vulneración irreversible de derechos, siempre que el sistema legal permita la corrección del error mediante la presentación de una nueva demanda ajustada a derecho. El caso subraya la importancia de la precisión técnica en la interposición de demandas cuando existen cláusulas contractuales específicas sobre la jurisdicción y el tipo de procedimiento aplicable.
