Chile posee una vasta y diversa red de humedales que resultan fundamentales para el equilibrio ecológico del territorio nacional. Según datos del Inventario Nacional de Humedales, administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, el país cuenta con cerca de 40.000 de estos ecosistemas, los cuales cubren aproximadamente 5,6 millones de hectáreas. Esta magnitud subraya la relevancia estratégica de estos espacios, que comprenden una gran variedad de ambientes, desde salares y lagunas altoandinas hasta estuarios, marismas, ríos, lagos, turberas y ecosistemas costeros.
Andrés Meza, ingeniero forestal e integrante del Observatorio Agroambiental del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, destaca que los humedales son ecosistemas esenciales que albergan una biodiversidad significativa y proveen servicios ecosistémicos críticos. Estos espacios desempeñan un papel clave en la mitigación del cambio climático, actuando como barreras naturales frente a sequías, marejadas e inundaciones, además de ser hábitats vitales para especies nativas y numerosas aves migratorias.
Uno de los beneficios más destacados es la capacidad de regulación hídrica y climática. Los humedales funcionan como "esponjas" naturales que almacenan y regulan el exceso de agua durante los periodos de lluvia, lo que contribuye directamente a reducir el riesgo de inundaciones. En las zonas costeras, los estuarios y humedales amortiguan los efectos del aumento del nivel del mar, maremotos y marejadas. Por otro lado, las turberas y otros tipos de humedales tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de carbono, facilitando la captura de CO₂ de la atmósfera.
En términos de biodiversidad, estos ecosistemas proveen alimento, refugio y sitios de reproducción. Ejemplos concretos de esta riqueza se encuentran en la desembocadura del río Lluta, en la Región de Arica y Parinacota, y en El Yali, en la Región de Valparaíso, ambos puntos críticos para el descanso y alimentación de aves migratorias. Otros sitios relevantes incluyen el humedal Monkul en La Araucanía, los humedales de Maullín en Los Lagos y el Parque Andino Juncal en Valparaíso. Asimismo, la vegetación acuática, como la totora en el humedal de Batuco en la Región Metropolitana, cumple funciones ecológicas y posee una importancia socioeconómica para las comunidades locales.
Más allá de la biodiversidad, los humedales son piezas clave en el ciclo del agua. Actúan como reservorios que sostienen las cuencas durante la escasez hídrica, funcionan como filtros naturales que retienen sedimentos y remueven contaminantes, y favorecen la recarga de acuíferos mediante la infiltración de agua hacia el subsuelo.
A pesar de su valor, estos ecosistemas enfrentan graves amenazas de origen antrópico. La urbanización, la expansión inmobiliaria, el relleno y drenaje de terrenos, y la modificación de cauces provocan la fragmentación de hábitats. A esto se suma la contaminación por aguas servidas, residuos industriales y agropecuarios, así como la sobreexplotación del agua para minería, industria, agricultura y consumo humano, afectando especialmente a los humedales altoandinos que dependen de aguas subterráneas. El cambio climático intensifica estos riesgos al modificar los patrones de precipitación y aumentar la frecuencia de eventos extremos.
Para combatir estas amenazas, Chile ha implementado diversos marcos de protección. Los Sitios Ramsar, basados en la convención suscrita en 1981, han sido fundamentales. Actualmente, el país cuenta con 16 Sitios Ramsar que abarcan unas 363.927 hectáreas, destacando el Sistema Hidrológico de Soncor en el Salar de Atacama, la Bahía Lomas en Magallanes y el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo en Los Ríos.
En el ámbito legal, la Ley N.º 21.202 de Humedales Urbanos, aprobada en 2020, ha permitido integrar la protección de estos espacios en la planificación urbana, entregando herramientas a los municipios para enfrentar la presión inmobiliaria. Recientemente, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) mediante la Ley N.º 21.600, operativo desde el 1 de febrero de 2026, representa un avance significativo. El SBAP administra el Inventario Nacional de Humedales y establece que cualquier alteración física en los humedales inventariados requiere autorización previa, quedando prohibida tal alteración en aquellos designados como sitios prioritarios.
No obstante, el desafío actual radica en transformar estas normativas en capacidades institucionales reales. La protección formal no siempre garantiza la conservación efectiva debido a la falta de recursos para gestión y monitoreo. El éxito de la preservación de los humedales dependerá de la coordinación institucional y de una gestión activa y financiada que permita armonizar la protección de la biodiversidad con el bienestar de las comunidades.
