La capital de Chile, Santiago, se convirtió este jueves en el escenario de intensos enfrentamientos entre cientos de manifestantes y las fuerzas policiales. Las protestas, que se concentraron en el centro de la ciudad, surgieron como una respuesta directa a un paquete de reformas de seguridad propuesto por el presidente José Antonio Kast. Estas medidas han generado un fuerte rechazo no solo entre los sectores de la oposición, sino también dentro de las filas del oficialismo, según pudo constatar la agencia AFP.
Los incidentes más fuertes se registraron en la emblemática Plaza Italia. En este punto, los manifestantes avanzaban mientras se encontraban con vehículos antidisturbios desplegados por la policía. Para dispersar a la multitud, los efectivos policiales utilizaron chorros de agua y gases lacrimógenos. Durante el transcurso de las movilizaciones, el clima de tensión aumentó, y algunos de los asistentes comenzaron a gritar consignas comparando la gestión del mandatario con la del exdictador militar Augusto Pinochet, quien gobernó el país entre 1973 y 1990, exclamando frases como "¡Igual que Pinochet!".
El presidente José Antonio Kast, quien asumió la jefatura del Estado en marzo pasado bajo la promesa de implementar una política de "mano dura", ha presentado una propuesta que incluye ocho modificaciones a la Constitución Política. El objetivo central de estas reformas es dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, que ha generado preocupación en los últimos tiempos.
De todas las modificaciones propuestas, la que ha suscitado el mayor nivel de controversia es la creación de un nuevo estado de excepción. De acuerdo con el proyecto, el presidente tendría la facultad de decretar este estado por un periodo de hasta ocho meses en situaciones donde exista una grave amenaza a la seguridad pública. Un punto crítico de esta medida es que el mandatario podría implementarla sin necesidad de contar con la aprobación previa del Congreso.
Bajo la vigencia de este estado de excepción, las autoridades tendrían la potestad de restringir libertades fundamentales de los ciudadanos, tales como el derecho al movimiento y el derecho de reunión. Asimismo, el gobierno podría proceder a la interceptación de comunicaciones en aquellas zonas que hayan sido declaradas oficialmente en emergencia, lo que ha encendido las alarmas sobre la posible vulneración de derechos civiles.
Las críticas hacia estas medidas han sido diversas y provienen de distintos sectores. Camila Aramena, una estudiante de administración pública de 22 años que participaba en las manifestaciones, manifestó a la AFP su preocupación sobre el rumbo de las reformas. Según Aramena, se están otorgando atribuciones que no deberían concederse a un presidente dentro de un sistema democrático, afirmando que Kast se encuentra en un "punto muy extremo".
Más allá de las voces ciudadanas, las reformas han sido cuestionadas por organismos internacionales y figuras políticas. La organización no gubernamental Human Rights Watch ha expresado sus críticas, sumándose a los líderes de la oposición y a integrantes del propio oficialismo que ven con recelo la concentración de poder que implicaría el nuevo estado de excepción. Cabe destacar que estas reformas aún no han sido implementadas, ya que deben pasar por el proceso de debate y votación en el Congreso.
En cuanto al contexto nacional, Chile sigue siendo reconocido como uno de los países más seguros de América Latina. No obstante, el país ha experimentado un incremento en los índices de asesinatos y secuestros en los últimos años. Este fenómeno ha sido vinculado a la llegada de grupos criminales extranjeros, destacando específicamente la presencia del Tren de Aragua, organización originaria de Venezuela.
Los datos estadísticos reflejan esta tendencia al alza en la violencia. Para el año 2025, la tasa de homicidios en Chile se situó en 5,4 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra representa el doble de la tasa registrada hace una década, lo que explica la urgencia del gobierno por implementar medidas de seguridad, aunque el método propuesto continúe siendo objeto de una profunda disputa política y social.
