El Gobierno ha solicitado al Congreso de la República facultades legislativas para implementar medidas de modernización del Estado, entre las que destaca la creación de incentivos económicos para que los trabajadores públicos acepten su desvinculación de forma voluntaria.
Según el documento presentado, el objetivo es establecer un programa de renuncia voluntaria dirigido a servidores que opten libremente por dejar sus cargos. El cálculo de este incentivo sería similar al de la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada, bajo el Decreto Legislativo 728. En términos concretos, se plantea un abono de uno punto cinco sueldos por cada año trabajado, con un tope máximo de doce sueldos.
Sobre el alcance de la medida, la abogada laboralista Gloria Rodríguez Vega señala que los incentivos podrían aplicarse a trabajadores de los regímenes 728, 276 y CAS con contrato a plazo indeterminado. Sin embargo, quedan excluidos los servidores del servicio civil, así como regímenes especiales que incluyen a magistrados, docentes, profesionales de la salud, policías y militares. También quedarían fuera los trabajadores temporales, cuyo vínculo finaliza por vencimiento de contrato.
Es fundamental precisar que el pedido de facultades legislativas aclara que esta medida no faculta al Estado para disponer el despido o la destitución de trabajadores que gozan de estabilidad laboral, ya que su situación jurídica permanece resguardada.
A pesar de la propuesta, expertos cuestionan su efectividad. El abogado laboralista Ricardo Herrera advierte que, debido a que los sueldos en el sector público son, en promedio, mejores que en el privado, es probable que muchos trabajadores, incluso aquellos ineficientes, decidan no acogerse a este programa de renuncia voluntaria.
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