Argentina se encuentra ante una oportunidad económica significativa gracias a su capacidad de producir soja, maíz y caña de azúcar, materias primas que pueden transformarse en combustibles limpios destinados a los aviones y barcos del futuro. El sector estima que este negocio podría asegurar ingresos por US$ 15.000 millones para el año 2030 y alcanzar los US$ 40.000 millones hacia el 2050. Sin embargo, el despliegue total de este potencial se encuentra actualmente frenado por la falta de un marco legal que habilite formalmente la producción.
Este jueves, el debate legislativo retoma centralidad en el Senado, donde las comisiones de Energía, Minería y Combustibles, junto a la de Presupuesto y Hacienda, se reunirán con el objetivo de intentar dictaminar sobre el proyecto de biocombustibles. Esta iniciativa busca modificar el sistema vigente, lo cual ha generado diversos cruces en la discusión. El punto central no radica únicamente en los porcentajes de mezcla de biodiésel con gasoil y naftas, sino en la posibilidad de que Argentina se posicione como productora de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y de combustibles renovables para el transporte marítimo y fluvial.
La demanda global de estos insumos está en aceleración debido a las exigencias crecientes impuestas a las navieras, aerolíneas y fabricantes, quienes buscan adoptar combustibles capaces de reducir hasta en un 80% las emisiones contaminantes. En este escenario, el oficialismo mantiene negociaciones con diversas cámaras y provincias, con la meta de llevar la propuesta al recinto el próximo 10 de septiembre. De aprobarse en el Senado, el proyecto pasaría a la Cámara de Diputados. El sector industrial mantiene la esperanza de que la ley esté reglamentada para finales de 2026, aunque reconocen que el camino es complejo debido a la resistencia que enfrenta la medida.
La relevancia del tema fue subrayada durante el Business Forum organizado por el gobierno de Santa Fe en Rosario. En dicho encuentro, Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, destacó que se está trabajando activamente ante la Organización de Aviación Comercial (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI) para impulsar la posición del país en este mercado.
Actualmente, Argentina ya produce y exporta biodiésel derivado del aceite de soja, pero el marco regulatorio actual presenta obstáculos. La Ley 27.640 impide que las empresas exportadoras abastezcan el consumo interno, lo que ha provocado una fragmentación del mercado entre los productores locales y aquellos con escala para la exportación. A esto se suma que la colocación del biodiésel argentino en el exterior no es sencilla debido a las barreras comerciales. Estados Unidos, que fue uno de los principales destinos, impuso trabas antidumping en 2017 que persisten hasta hoy, lo que llevó a que Europa se convierta en el principal comprador, mientras que el continente europeo también discute actualmente las reglas para estos nuevos productos sustentables.
A nivel global, la competencia ya ha comenzado. Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), existen más de 300 proyectos de SAF distribuidos en 40 países, con una concentración marcada en China, India, Europa y Estados Unidos; Brasil, por su parte, ya tiene 15 proyectos en marcha. La IATA estima que se necesitarán 500 millones de toneladas de SAF para alcanzar cero emisiones en 2050, pero la producción proyectada para 2026 es de apenas 2,4 millones de toneladas, lo que representa solo el 0,8% del combustible de aviación global. Esta brecha indica la necesidad de multiplicar drásticamente la producción mundial.
Ante este panorama, grandes empresas ya están diseñando inversiones en suelo argentino. YPF, en alianza con Essential Energy, proyecta invertir US$ 350 millones para reconvertir su refinería de Santa Fe a través de la firma Santa Fe Bio. Esta planta estará destinada a producir SAF utilizando grasas animales, residuos y aceites vegetales, con una proyección de 220.000 toneladas anuales. Las obras ya han comenzado y tienen un plazo de ejecución de 37 meses, iniciando con la exportación de materias primas antes de pasar a la producción de combustible sustentable.
Por otro lado, Louis Dreyfus puso en marcha en enero una línea de molienda en Santa Fe con capacidad para procesar 3.000 toneladas diarias de semillas de alto contenido oleico, las cuales ganan terreno por su utilidad en la fabricación de SAF. Asimismo, compañías como Cofco, Molinos, AGD y Bunge han manifestado su interés en avanzar con nuevos oleaginosos para ampliar la materia prima, como la carinata y la camelina. Según datos del Ministerio de Agricultura, el país posee un potencial de 10 millones de hectáreas para estos cultivos energéticos.
La urgencia de avanzar en el marco legal fue sintetizada por Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC). Idígoras señaló que en Estados Unidos y Brasil se han anunciado proyectos entre petroleras y agroindustrias por US$ 5.000 millones para los próximos dos años, mientras que Rosario, a pesar de ser la capital mundial del biodiésel, actualmente utiliza solo el 15% de su capacidad instalada.
