Un informe detallado remitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a la Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto el flujo migratorio irregular que se produjo desde la ciudad autónoma de Ceuta hacia el territorio peninsular español tras los sucesos de finales de julio. Según los datos recogidos en el análisis, un total de 148 migrantes, que habían llegado a Ceuta durante la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, lograron alcanzar la Península entre esas fechas y el 19 de agosto.
El traslado de estas personas se llevó a cabo a través de un total de 29 embarcaciones que tuvieron como destino final las provincias de Málaga y Cádiz. El CENIF califica estos movimientos como una "consecuencia colateral de la entrada masiva en Ceuta", subrayando que la situación de vulnerabilidad de los recién llegados fue aprovechada por agentes externos para obtener beneficios económicos.
El informe es categórico al señalar que diversas organizaciones criminales con presencia en la ciudad autónoma vieron en este escenario una oportunidad lucrativa. Según el documento, estas redes aprovecharon la coyuntura para ofrecer servicios de traslado irregular a la Península a aquellos inmigrantes que ya se encontraban en territorio español tras haber cruzado la frontera hacia Ceuta.
Esta actividad delictiva no se limitó únicamente al transporte marítimo. El análisis del CENIF indica que estas organizaciones criminales operaron bajo un esquema de "aprovechamiento oportunista", brindando también "cobertura" mediante el alquiler de alojamientos en condiciones precarias a los migrantes, siempre con el objetivo de obtener beneficios económicos ilícitos.
En relación con estas actividades, la Policía Nacional informó el pasado 21 de agosto sobre un operativo que resultó en la detención de cinco presuntos patrones de embarcación. Esta acción permitió desarticular dos organizaciones criminales que operaban en la zona. Según las investigaciones policiales, estas redes llegaban a cobrar sumas elevadas, alcanzando hasta los 9.000 euros por pasajero, para realizar el traslado desde Ceuta hasta La Línea de la Concepción.
A pesar de la implicación de estas redes en los traslados y el alojamiento, el informe del CENIF es claro al desvincular a estas organizaciones criminales de la organización del asalto masivo inicial. El documento concluye que no existen indicios que permitan señalar a estas redes como promotoras o impulsoras de la entrada masiva de personas en la ciudad. Asimismo, se descarta su participación efectiva en los procesos de planificación, gestión simultánea de lo ocurrido, o incluso en la promoción y difusión de campañas virales a través de redes sociales para incentivar el cruce.
El documento también detalla la cronología de las alertas emitidas por las autoridades para prevenir y gestionar esta situación. El primer aviso registrado data del 27 de julio de 2026, mediante un formulario de comunicación de hechos relevantes remitido por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta al Centro Nacional de Comunicaciones (CNC). En dicho aviso se mencionaba la posibilidad de una entrada masiva a nado de inmigrantes, vinculando el hecho a la sentencia del Tribunal Supremo 814/2026 del 8 de julio de 2026 por infracción de la Ley de Extranjería.
Posteriormente, el 29 de julio, en la víspera de la llegada masiva, el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (CEFRONT) envió una alerta a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla advirtiendo sobre el riesgo de entradas para el día siguiente. Ese mismo día, la Sala de Coordinación 24h de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras alertó a las Jefaturas Superiores de ambas ciudades sobre el riesgo inminente de colapso debido a las entradas irregulares.
El 30 de julio, el CENIF emitió una alerta específica informando sobre la posibilidad de que se produjeran cruces desde Ceuta hacia la Península, avisando a los puestos fronterizos de la propia ciudad, así como a los de Algeciras y Tarifa. Esta advertencia fue reiterada el 1 de agosto.
Finalmente, el informe recoge que el 31 de julio se reiteró el riesgo de colapso en Ceuta y Melilla, y se envió una alerta a la Jefatura Superior de las Islas Canarias advirtiendo sobre el posible incremento de llegadas de embarcaciones irregulares a sus costas. La secuencia de avisos concluyó con una nota el 4 de agosto dirigida a las Jefaturas Superiores de Ceuta, Melilla, Islas Canarias, y Andalucía Oriental y Occidental.






