Tras una década de impunidad, Arturo ‘N’, señalado como el probable responsable del asesinato de Paola Buenrostro, fue detenido el pasado lunes en el Estado de México. El crimen, ocurrido en septiembre de 2016 en la Ciudad de México, había permanecido sin una resolución judicial efectiva a pesar de que el sospechoso fue arrestado en flagrancia inmediatamente después del homicidio.
En aquel momento, Arturo ‘N’ fue puesto en libertad, lo que permitió que permaneciera prófugo durante casi diez años, evadiendo una orden de aprehensión vigente en su contra. La reciente captura marca un giro en el proceso legal, aunque el procedimiento judicial ha reabierto el debate sobre el trato institucional hacia las personas trans en el sistema de justicia mexicano.
El caso de Paola Buenrostro es considerado emblemático para los derechos humanos en México. En el año 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoció formalmente este crimen como el primer caso documentado de transfeminicidio en la capital. En dicho reconocimiento, la Comisión subrayó que las autoridades no respetaron la identidad de género de la víctima durante las etapas iniciales de la investigación. Este precedente fue fundamental para que, en 2024, se impulsara la denominada Ley Paola Buenrostro, una reforma legislativa que tipificó el delito de transfeminicidio en la Ciudad de México.
No obstante, el avance legislativo no parece haberse trasladado a la práctica procesal. Tras la nueva detención de Arturo ‘N’, se llevó a cabo la audiencia inicial donde el imputado fue acusado de homicidio calificado y quedó sujeto a prisión preventiva. Durante este acto, activistas denunciaron que el personal de la Fiscalía no respetó la identidad de género de Paola Buenrostro, identificándola como hombre ante la jueza.
Kenya Cuevas, fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, amiga de la víctima y líder en la exigencia de justicia, denunció que el irrespeto a la identidad se extendió no solo a Paola, sino también a las mujeres trans que participaron como testigos en el caso. "Llegaron ante una jueza diciendo mi nombre masculino en todo momento y el anterior que tenía antes de mi cambio de identidad, el nombre masculino de Paola y de todas las testigas, refiriéndose a trabajadores sexuales", señaló Cuevas ante los medios de comunicación.
La activista cuestionó la persistencia de estas omisiones por parte de la Fiscalía, destacando que durante la última década se han construido lineamientos, protocolos, manuales y leyes diseñadas específicamente para evitar este tipo de violencia institucional. Cuevas aclaró que la demanda actual no se limita únicamente a que el delito sea tipificado como transfeminicidio, sino que, al menos, se reconozca como feminicidio, un tipo penal que ya existía al momento del crimen.
El malestar derivó en una protesta frente a las instalaciones de la Fiscalía capitalina. Las manifestantes denunciaron lo que calificaron como transfobia institucional y exigieron la reclasificación inmediata del delito. Por su parte, la institución rechazó las agresiones dirigidas contra su personal y los daños ocasionados a sus instalaciones durante la movilización.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía aseguró que llevará a cabo una investigación sobre los señalamientos referentes al trato recibido por las víctimas y testigos durante la audiencia. Sin embargo, la institución negó categóricamente que exista una "práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico".
Respecto a la clasificación del delito, la Fiscalía argumentó que el caso fue presentado como homicidio debido a que la orden de aprehensión original fue emitida bajo ese cargo en 2016, fecha en la que el transfeminicidio aún no estaba tipificado en la legislación de la capital. Asimismo, la autoridad aclaró que la diferencia jurídica entre homicidio y feminicidio no radica en el reconocimiento de la identidad de la víctima, sino en la capacidad de acreditar que la agresión ocurrió específicamente por su condición de mujer.
Finalmente, la Fiscalía sostuvo que la clasificación jurídica actual no es definitiva y que podría modificarse durante el periodo de investigación complementaria, dependiendo de los elementos que se presenten ante el juez. Por su parte, las activistas advirtieron que mantendrán sus movilizaciones hasta lograr la reclasificación del delito y convocaron a una nueva protesta para la próxima audiencia, programada para este viernes.
