El Gobierno ha emitido una medida urgente para enfrentar los riesgos derivados de las intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, declarando en estado de emergencia a 37 distritos distribuidos en las cinco provincias de la región Ica. Esta disposición se enmarca en una estrategia nacional diseñada para ejecutar acciones inmediatas que permitan la prevención, la reducción del riesgo, la respuesta y la posterior rehabilitación de las zonas afectadas o vulnerables.
La base legal de esta medida es el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, el cual establece un periodo de 60 días calendario para que se lleven a cabo todas las acciones correspondientes. El objetivo primordial es mitigar el peligro inminente generado por las lluvias intensas que podrían impactar la zona. Cabe precisar que esta norma no se limita únicamente a la región Ica, sino que comprende también diversos distritos en otras regiones del país, siguiendo un criterio de evaluación de riesgos técnicos.
En cuanto a la distribución geográfica dentro de la región Ica, la declaratoria de emergencia abarca jurisdicciones clave en las provincias de Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco. El detalle de los distritos afectados permite identificar el alcance de la medida en cada una de estas provincias.
En la provincia de Chincha, la emergencia se extiende a los distritos de Alto Larán, Chavín, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, San Pedro de Huacarpana y Tambo de Mora. Por su parte, la provincia de Ica presenta la mayor cantidad de jurisdicciones incluidas, abarcando los distritos de Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacútec, Parcona, Pueblo Nuevo, Salas, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario.
En la provincia de Nasca, los distritos considerados bajo esta medida son Changuillo, El Ingenio, Nasca y Vista Alegre. Respecto a la provincia de Palpa, la declaratoria comprende a Llipata, Palpa, Río Grande, Santa Cruz y Tibillo. Finalmente, en la provincia de Pisco, se han incluido los distritos de Huancano, Humay, Independencia, Pisco, San Clemente y Túpac Amaru Inca. En total, son 37 las jurisdicciones iqueñas que figuran en el anexo del decreto supremo y que deben activar sus protocolos de emergencia.
Esta decisión gubernamental responde directamente a los escenarios de riesgo identificados por las entidades técnicas del Estado. Estas instituciones han alertado sobre la posibilidad de que se produzcan precipitaciones intensas durante el periodo asociado al Fenómeno El Niño, lo que obligaría a tomar medidas preventivas antes de que se produzcan los daños.
El Decreto Supremo establece que los gobiernos regionales y locales de los distritos comprendidos tienen la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias para reducir el nivel de riesgo, el cual ha sido calificado como "muy alto". Para lograr este objetivo, contarán con el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación coordinada de diversos sectores del Gobierno nacional.
Las intervenciones permitidas bajo este estado de emergencia incluyen todas aquellas vinculadas a la prevención, la respuesta inmediata y la rehabilitación de infraestructura o servicios. No obstante, la norma es clara al señalar que estas acciones deben tener una relación directa con el peligro identificado y deben estar debidamente sustentadas desde el punto de vista técnico para su ejecución.
Este marco normativo plantea un desafío significativo para las autoridades de las cinco provincias involucradas. La prioridad ahora es acelerar las obras y medidas preventivas, poniendo especial atención en las zonas geográficamente vulnerables. Esto incluye la limpieza y adecuación de quebradas, la gestión de cauces de ríos y la identificación de otros puntos críticos donde el flujo de agua podría incrementar los efectos negativos de las lluvias intensas.
Es importante aclarar que la declaratoria de emergencia no es general para toda la región Ica. La medida es específica y se aplica exclusivamente a los 37 distritos que han sido expresamente enumerados en el anexo del Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, excluyendo aquellas jurisdicciones que no fueron identificadas como zonas de riesgo inminente bajo los criterios técnicos actuales.
