Representantes de diversas instituciones públicas, junto a autoridades nacionales, departamentales y municipales, legisladores y otras entidades convocadas, han establecido una estrategia de trabajo conjunto con el objetivo primordial de recuperar la legalidad de los predios pertenecientes al exaeropuerto Juan Cochamanidis. Esta iniciativa, liderada por el Comité pro Santa Cruz, busca esclarecer los hechos ocurridos en el inmueble, determinar con precisión las actuaciones institucionales que se han desarrollado hasta la fecha y defender los intereses generales sobre estas tierras, ubicadas en el municipio de San Ignacio de Velasco.
El núcleo de la problemática radica en la denuncia de un presunto proceso de “loteamiento” en el área. Ante esta situación, las autoridades involucradas han manifestado su firme determinación de defender el ordenamiento jurídico vigente para evitar que se consoliden situaciones contrarias a la ley respecto a la tenencia y uso de los predios del exaeropuerto. Al respecto, Dino Franco, segundo vicepresidente del Comité cívico, señaló que con estas acciones se inicia la recuperación de lo que calificó como el mayor loteamiento urbano que se está registrando en el país, abarcando una superficie de más de 314.000 metros cuadrados situados en pleno centro de San Ignacio de Velasco.
Para operativizar esta recuperación, las entidades determinaron la conformación de una Comisión Técnica Interinstitucional. Esta comisión tendrá la responsabilidad específica de recopilar, sistematizar, analizar y contrastar la totalidad de la documentación relacionada con el inmueble en cuestión. El trabajo de análisis será exhaustivo y comprenderá la revisión de antecedentes dominiales, la Ley Municipal y el convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco (GAMSIV) y AASANA. Asimismo, se contrastarán los registros de Derechos Reales, los planos y catastros, además de toda la documentación emanada de Aasana y Naabol.
La labor de la Comisión Técnica también incluirá la revisión de informes emitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), resoluciones administrativas, así como las denuncias y actuaciones fiscales o judiciales que existan actualmente sobre el terreno. Este proceso de auditoría documental es fundamental para establecer una base sólida de hechos y derechos antes de proceder con las acciones legales pertinentes.
Como resultado de este análisis, se prevé la constitución de un nuevo Convenio interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco y Naabol. Este acuerdo tiene como finalidad establecer documentalmente la situación jurídica real del inmueble, sirviendo de sustento para las posteriores acciones institucionales y legales que permitan el registro correspondiente en Derechos Reales. En cuanto al cronograma de trabajo, se ha programado una nueva reunión de seguimiento en el Comité pro Santa Cruz para el jueves 1 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 horas.
De manera complementaria, las autoridades se han comprometido a extremar las medidas de verificación de la legalidad y del derecho propietario en cualquier trámite que involucre los predios objeto de análisis. Esta vigilancia estrictamente administrativa se aplicará a cualquier solicitud de fraccionamientos, registros, transferencias, construcciones o procesos de regularización que pudieran afectar la integridad de los terrenos. Con esta medida, se busca dar continuidad a la defensa legal de los predios en las instancias jurisdiccionales competentes, evitando cualquier transferencia irregular de propiedad.
Finalmente, una vez que el expediente técnico-jurídico esté debidamente organizado, las autoridades remitirán una copia documentada de todos los antecedentes pertinentes a las máximas instancias judiciales y administrativas del país. El envío de esta información se hará llegar al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al Consejo de la Magistratura y a la Procuraduría General del Estado. El objetivo de esta notificación institucional es poner en conocimiento de estos organismos la problemática existente y sus antecedentes, contribuyendo así a la transparencia de cualquier proceso judicial derivado. Las autoridades aseguraron que realizarán el acompañamiento institucional necesario al trabajo de la Comisión y ejercerán los mecanismos de fiscalización que correspondan según la ley.
