El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) ha denunciado públicamente que la Fiscalía General de la República (FGR) ha excluido a su testigo principal en el caso judicial que involucra a un grupo de veteranos de guerra. Según la organización, el ente fiscal no realizó la acreditación de dicha persona para la audiencia programada para la próxima semana, lo que pone en entredicho la base probatoria de la acusación.
El proceso judicial se llevará a cabo del 7 al 11 de septiembre, fecha en la que el Tribunal Contra el Crimen Organizado desarrollará la audiencia única. En este proceso se encuentran implicados dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos. Asimismo, el proceso incluye al comunicador Luis Menjívar.
Los imputados fueron acusados hace más de dos años por la presunta comisión de actos terroristas. No obstante, COFAPPES sostiene que, a lo largo de este tiempo, la Fiscalía General de la República no ha logrado probar las acusaciones formuladas contra los dirigentes y el comunicador.
La controversia actual surge a raíz de la publicación de un medio de comunicación, la cual señaló que la FGR no ha incluido en su lista de testigos a la persona que, según la acusación inicial, fue quien alertó a las autoridades sobre la planificación de un supuesto atentado terrorista. Este presunto ataque habría estado destinado a ocurrir durante la toma de posesión presidencial el pasado 10 de junio de 2024.
Para COFAPPES, la exclusión de este testigo es un hecho crítico, ya que sus declaraciones constituían el fundamento del relato fiscal sobre los supuestos delitos imputados a los veteranos de guerra. A juicio de la organización, esta omisión confirma las sospechas sobre la verdadera existencia de dicho testigo. Por tales motivos, han solicitado que, en aras de la transparencia y la legalidad, la Fiscalía aclare formalmente las razones por las cuales su testigo principal no participará en la audiencia.
Ante la ausencia de este testimonio clave, la FGR ha optado por incorporar otras pruebas al proceso. Entre ellas se encuentran las declaraciones de los agentes policiales que efectuaron las capturas de los procesados. Además, la fiscalía ha presentado la intervención de cuatro peritos especializados, quienes fueron los encargados de extraer información de dispositivos electrónicos, revisar las bitácoras de llamadas telefónicas y verificar la destrucción de materiales que habrían sido considerados como explosivos.
Mextli Montalvo, hijo de Atilio Montalvo y firmante de los Acuerdos de Paz, manifestó que esta situación confirma que la acusación carece de pruebas reales. Según Montalvo, el caso solo puede explicarse a través del interés gubernamental de perseguir y condenar a un grupo de dirigentes sociales. Destacó que estas personas, además de defender los derechos de su sector, se habían manifestado contra las injusticias y las violaciones a los derechos humanos en un contexto que definió como de regresión democrática y consolidación autoritaria.
Por su parte, Luis Rivera, integrante de la defensa técnica, brindó aclaraciones sobre el origen de las capturas. Rivera explicó que se tuvo conocimiento de que la detención de los veteranos se basó en la declaración de una sola persona. Sin embargo, subrayó que dicho individuo nunca ha tenido la calidad de testigo en ningún sentido legal, debido a que no ha sido acreditado en sede judicial.
La defensa técnica informó en conferencia de prensa que cuenta con suficientes elementos de descargo para solicitar la absolución de los veteranos de guerra. Según los abogados, la resolución que emita la jueza al finalizar el proceso solo puede tener dos vías posibles: la absolución de los imputados o la emisión de una sentencia.
