¿Podría el Gobierno central retirar las competencias de tránsito a los municipios en Ecuador? Este es el punto central del debate actual en la Asamblea Nacional.
El Pleno de la Asamblea conocerá, en segundo y definitivo debate, las reformas a la Ley de Transporte y Seguridad Vial. El proyecto, impulsado por el oficialismo, propone que la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, elabore informes técnicos sobre el ejercicio de las competencias de tránsito por parte de los gobiernos autónomos descentralizados.
Estos informes serán remitidos al Consejo Nacional de Competencias, entidad que tendrá la potestad de autorizar la intervención o suspender temporalmente dichas competencias. Esta medida se basaría en el artículo 157 del Cootad, el cual establece como causas la omisión o la ineficacia en la prestación de los servicios.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y miembro de ADN, afirmó que esta ley busca combatir el crimen organizado y la corrupción en los municipios. Centeno citó como ejemplo irregularidades en el uso de radares y en la matriculación; señaló que, según datos del Ministerio del Interior, existen municipios con parques automotores de entre 8 mil y 10 mil vehículos, pero que presentan hasta 40 mil matriculaciones.
Para que las reformas sean aprobadas, el oficialismo necesita alcanzar al menos 77 votos en el Pleno. De entrar en vigencia tras el veto del Presidente de la República, la ley establece un plazo de 180 días para la entrega de los informes técnicos, los cuales evaluarán el cumplimiento de los estándares nacionales de regulación, seguridad vial y calidad del servicio.
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