En el remoto desierto de Atacama, el transporte de cobre se ha convertido en un blanco para bandas criminales cada vez más audaces y tácticamente sofisticadas. La minera Antofagasta Minerals ha advertido que los delincuentes están burlando medidas de protección que funcionaron durante años.
El modus operandi es preciso: los ladrones saltan desde camiones hacia vagones en movimiento, lanzando planchas de cobre de 80 kilos a cómplices que los esperan en zonas aisladas. Otros utilizan cuerdas con ganchos para extraer el metal de trenes que circulan a baja velocidad. El cobre robado es llevado a chatarrerías ilegales, fundido para eliminar sus marcas de identificación y enviado al extranjero, frecuentemente hacia China.
Las cifras reflejan un incremento crítico. El año pasado se reportaron 86 robos, más del doble que los 39 registrados en 2022. En los primeros cuatro meses de 2026, ya se han producido 34 asaltos, robando 169 toneladas métricas, lo que equivale al 71% de todo lo robado en 2025. Un caso emblemático es el tren de la mina Chuquicamata de Codelco, que sufrió robos por valor de 2,4 millones de dólares el año pasado.
Aunque se han instalado jaulas antirrobo, analistas de seguridad señalan que las bandas han evolucionado hacia operaciones cuasi paramilitares, equipadas con armas de fuego y chalecos antibalas. Esta situación no solo afecta la logística de un metal fundamental para los vehículos eléctricos y energías renovables, sino que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores.
Mientras el presidente José Antonio Kast aboga por mayores facultades para combatir estas "empresas transnacionales" del crimen, un proyecto de ley para tipificar el robo de cobre como un delito penal específico permanece estancado en la Cámara de Diputados.
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