El Observatorio Regional de Derechos ha emitido un llamado urgente a la solidaridad internacional y nacional en favor de los miembros de diversas comunidades indígenas ubicadas en el distrito de Izalco. La organización manifiesta su preocupación ante las graves denuncias de hostigamiento e intimidación que habrían sido ejercidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos de la Fuerza Armada contra personas que participaban en una actividad pacífica.
Los hechos se centran en las comunidades de Chorro Arriba, Chorro Abajo, Cuntán y Cuyagualo. Según el reporte, el pasado sábado 29 de agosto, el Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunció que sus integrantes fueron blanco de acciones intimidatorias mientras desarrollaban una jornada de organización comunitaria. Esta actividad tenía como objetivo principal la defensa del territorio de la Finca Santa Adelaida, un espacio situado en la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec y que se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida Parque Nacional Los Volcanes, en la sección de Izalco.
La movilización de las comunidades organizadas surge como respuesta a una amenaza latente: la posible instalación de un parque fotovoltaico por parte de la empresa Volcano Energy en dicha zona. Ante este escenario, los habitantes y defensores del territorio se reunieron para realizar una declaratoria formal orientada al reconocimiento de sus tierras indígenas y de sus lugares sagrados, específicamente en la comunidad de Chorro Arriba, en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con los testimonios de los asistentes, las irregularidades comenzaron incluso antes del inicio formal del evento. Se reportó que una patrulla de agentes policiales intervino uno de los vehículos que transportaba a integrantes de diferentes puntos de Sonsonate que se dirigían al lugar de la actividad. Este primer incidente marcó el inicio de una jornada marcada por la vigilancia y la presión estatal.
Posteriormente, los denunciantes señalaron que el asedio se intensificó mediante el ingreso arbitrario de agentes a propiedades privadas. Según los relatos recogidos, policías encubiertos irrumpieron en el lugar donde se desarrollaba el evento comunitario sin identificarse debidamente ni presentarse ante las personas asistentes, vulnerando así la privacidad del espacio donde se congregaban los indígenas.
Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente de MILPA, detalló la magnitud de la presencia policial y militar durante el encuentro. Flores explicó que se registró la presencia de dos patrullas que realizaban recorridos constantes en los alrededores del área del evento. A pesar de tratarse de un espacio privado, el coordinador denunció el "atrevimiento" de agentes uniformados de la Policía Nacional Civil, efectivos de la Fuerza Armada y al menos tres agentes encubiertos, quienes ingresaron directamente al área donde se llevaba a cabo la actividad de encuentro comunitario.
El movimiento indígena sostiene que estas acciones constituyen una violación a su legítimo derecho de asociación y de concentración pacífica. La presencia coordinada de fuerzas de seguridad, tanto uniformadas como encubiertas, es vista por las comunidades como una estrategia de intimidación para frenar sus demandas territoriales y su oposición al proyecto energético de Volcano Energy.
Ante la gravedad de estos hechos, el Observatorio Regional de Derechos, organización centroamericana dedicada a la promoción, defensa y monitoreo de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en la región, ha instado a la comunidad internacional y a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos a mantenerse en estado de alerta. El organismo solicita que se vigilen estrechamente las acciones de hostigamiento denunciadas contra las comunidades organizadas que luchan por la protección de sus territorios ancestrales y los recursos naturales de la zona de Izalco.
