¿Es posible que un agresor reciba una pensión basada en la muerte de su propia víctima? Para evitar que esto suceda, este martes entró en vigencia la Ley Número 21.818. Esta normativa perfecciona el mecanismo legal para impedir que personas condenadas por delitos graves contra la mujer puedan acceder a una pensión de sobrevivencia vinculada a su relación con la víctima.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, explicó que la legislación anterior presentaba un error procedimental que hacía posible que el victimario accediera a este beneficio. Ante esta situación, el Gobierno impulsó con urgencia el proyecto de ley que hoy es realidad.
El funcionamiento de la norma se basa en una red de comunicación institucional coordinada. Según detalló la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, el proceso es estricto: una vez que el tribunal dicta la condena, dispone de un plazo de tres días para notificar la sentencia a la Superintendencia de Pensiones. Luego, dicha Superintendencia debe informar la resolución a las AFP y a las compañías aseguradoras correspondientes para asegurar que no se entregue la pensión al condenado.
Un punto clave de este mecanismo es que evita que las AFP deban acceder directamente a antecedentes de investigaciones penales que tengan carácter reservado, utilizando en su lugar esta vía institucional para comunicar las sentencias oportunamente.
Esta inhabilitación se aplica a quienes hayan sido sentenciados mediante sentencia ejecutada como autores, cómplices o encubridores de delitos graves. Entre ellos se incluyen el femicidio, el homicidio simple o calificado, el parricidio, el secuestro, la violación, el estupro, otros delitos sexuales y el maltrato habitual. Con esta medida, se busca garantizar el cumplimiento de la prohibición de estos beneficios para los condenados.
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