¿Nueve millones de dólares lavados y el uso de vehículos blindados para mover efectivo? Así avanza el proceso judicial conocido como el "Caso Blindado".
La Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal general encargado Carlos Alarcón, solicitó este martes 1 de septiembre de 2026 que se dicten medidas cautelares contra siete personas naturales y tres empresas vinculadas a esta investigación por presunto lavado de activos.
El expediente pasó a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia debido al fuero de los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas que están involucrados. En la audiencia, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Carlos A., Simón M. e Iván S. Por otro lado, para Genaro R., Juan M., Juan J. y Luis O., se solicitó arresto domiciliario con el uso de dispositivos de vigilancia electrónica.
En cuanto a las personas jurídicas, se pidieron medidas reales que incluyen la retención, inmovilización y congelamiento de fondos, además de la prohibición de enajenar bienes, con el fin de evitar la obstaculización de la investigación.
Con estas nuevas solicitudes, el número de procesados en el caso asciende a 18 personas. La investigación, que inició en noviembre de 2025 tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, señala que los delitos precedentes serían el cohecho y el prevaricato.
Según el ente fiscal, los 9 millones de dólares presuntamente lavados ingresaron a cuentas vinculadas al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís —quien ya cumple prisión preventiva—, sus familiares y empresas relacionadas. Un punto clave de la trama es el retiro de 980 mil dólares en efectivo, movilizados presuntamente en vehículos blindados, hecho que dio nombre al caso.
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