Representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), colectivos estudiantiles y docentes de la Universidad de El Salvador (UES), junto a investigadores económicos, han presentado un diagnóstico detallado sobre el deterioro de las condiciones laborales, salariales y sociales que enfrentan los profesionales en el país. Las organizaciones denunciaron que el modelo socioeconómico implementado por el gobierno de Nayib Bukele ha trasladado el costo de las decisiones presupuestarias a los trabajadores, resultando en despidos masivos en el sector público y una pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación.
Durante la presentación del informe, Inés Claudio, quien dio lectura a la declaración oficial, subrayó que el sector profesional, científico, artístico y técnico no es ajeno a la crisis socioeconómica actual. Según Claudio, el modelo vigente precariza el trabajo, reduce las oportunidades y deteriora los servicios públicos, afectando directamente a las mayorías.
El diagnóstico resalta una caída significativa en el empleo especializado. Entre los años 2024 y 2025, la cantidad de profesionales y científicos ocupados disminuyó en 2,567 personas, lo que representa una caída del 1.5%. En el caso de los técnicos y el personal de nivel medio, la reducción fue más acentuada, con la pérdida de 7,357 plazas, equivalente a un 4.2%.
El sector salud ha sido uno de los más impactados por el colapso del empleo público. Gremiales médicas reportaron que solo en 2025 se contabilizaron 7,772 despidos distribuidos entre el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Salud (MINSAL), FOSALUD y la red de hospitales nacionales. Esta cifra incluye a cerca de 7,000 médicos, enfermeros y técnicos. El detalle por institución revela 3,500 despidos en el MINSAL, 1,800 en FOSALUD, 1,800 en el Hospital Rosales y 672 en el ISSS.
Adicionalmente, se denunció el despido de 400 estudiantes de medicina que realizaban pasantías en el Hospital Rosales, medida tomada luego de que se solidarizaran con la destitución de una médica especialista. Asimismo, aproximadamente 400 médicos renunciaron debido a la falta de seguridad jurídica y el temor a medidas arbitrarias. En cuanto a los salarios, se señaló que el escalafón del MINSAL se ha restringido a quienes perciben menos de $1,500, afectando derechos adquiridos por ley. En el ámbito cultural, se denunció la supresión de las Casas de la Cultura en 2025, lo que provocó el despido de 300 profesionales del arte y la gestión cultural.
En relación con la educación, Vicente Cuchillas señaló que las dificultades de docentes y estudiantes responden a un modelo económico y educativo que asfixia a la universidad pública. El informe indica que la población ocupada en la enseñanza, tanto pública como privada, sufrió una contracción de 17,476 personas entre 2019 y 2025, lo que representa la eliminación del 19% del personal educativo nacional. Específicamente en el Ministerio de Educación, se recortaron 829 plazas presupuestarias en el mismo periodo, afectando principalmente a los niveles ejecutivo, técnico, docente y administrativo.
Por su parte, César Villalona analizó la situación del sector agrario y económico. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la plantilla se redujo a la mitad entre 2019 y 2026, pasando de 1,026 a 514 plazas. Instituciones como el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) perdieron el 38% de sus puestos técnicos, mientras que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) sufrió una reducción del 48%. En total, el sector público agropecuario pasó de 1,821 empleos en 2019 a 1,014 en 2026, una caída neta del 44%.
Villalona también expuso recortes en otras dependencias estatales entre 2019 y 2026: el Ministerio de Economía sufrió una caída del 73% en sus plazas, CONAMYPE un 22%, la Defensoría del Consumidor un 26%, ISDEMU un 23%, CNR un 4%, ANDA un 14%, CEL un 11% y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales un 10% (de 615 a 563 plazas).
Finalmente, se alertó sobre la caída en la inversión para la formación del personal estatal. El presupuesto para capital humano pasó de $158 millones en 2025 a $107 millones en 2026. Sin embargo, al cierre del primer semestre de 2026, solo se habían ejecutado $29 millones, proyectando un gasto anual de aproximadamente $58 millones. Ante este panorama, las organizaciones convocaron a una movilización nacional el próximo 15 de septiembre para defender el empleo digno, la estabilidad laboral y las pensiones.
