En Chile se desarrolla actualmente una intensa discusión legislativa centrada en las carreras de perros y las profundas implicancias que esta actividad conlleva para el bienestar animal. El proyecto de ley, que se encuentra en etapa de tramitación, busca modificar la normativa vigente con el objetivo primordial de prohibir y sancionar la organización de estas competencias en todo el territorio nacional.
El núcleo del debate parlamentario y social contrapone dos visiones fundamentalmente distintas: por un lado, la imperativa necesidad de proteger y garantizar el bienestar de los animales y, por otro, los argumentos basados en la tradición esgrimidos por un sector de la población. Esta tensión ha derivado en una reflexión mucho más amplia y profunda sobre cuáles deben ser los límites éticos del uso de animales con fines recreativos o económicos en la sociedad contemporánea.
En términos técnicos y legales, la iniciativa legislativa propone introducir modificaciones sustanciales a dos cuerpos normativos clave. Primero, se busca alterar la Ley N.° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y, segundo, la normativa N.° 20.380 sobre Protección de Animales. El objetivo es incorporar sanciones estrictas para todas aquellas personas o entidades que organicen, participen o promuevan cualquier tipo de competencia de carreras de perros.
Las medidas contempladas en el proyecto no son menores. Entre las sanciones propuestas se incluyen penas de presidio y multas económicas. Además, para los casos calificados como más graves, la legislación contempla la aplicación de la inhabilidad perpetua para la tenencia de animales, asegurando que quienes vulneren gravemente la integridad de estos seres no puedan volver a tener animales bajo su cuidado.
Más allá de la disputa en el ámbito legal, la discusión se ha visto alimentada por la evidencia científica disponible. Diversos estudios y análisis han puesto en duda la posibilidad de compatibilizar las carreras de galgos con estándares adecuados de bienestar animal. La ciencia ha demostrado que no es posible respaldar actividades que vulneren la integridad de los animales, basándose en el reconocimiento de estos como seres sintientes, capaces de experimentar dolor y sufrimiento físico y psicológico. Bajo esta premisa, se sostiene que ninguna práctica, ya sea cultural, recreativa o deportiva, debería prevalecer sobre la protección fundamental del animal.
Un aspecto que añade complejidad al escenario es el contexto operativo en el que se desarrollan habitualmente estas carreras. Se ha identificado que una parte considerable de estas actividades ocurre en recintos informales, los cuales suelen estar vinculados a sistemas de apuestas clandestinas. Esta informalidad genera un vacío crítico en la capacidad de fiscalización por parte de las autoridades.
Esta realidad operativa dificulta severamente la trazabilidad de los perros, impide un control sanitario efectivo y obstaculiza la detección de prácticas deplorables, tales como el dopaje de los animales o diversas formas de maltrato físico. La falta de registros y supervisión convierte a estos espacios en zonas donde el bienestar animal queda totalmente desprotegido.
Para fundamentar la necesidad de la prohibición, el debate ha incorporado la experiencia internacional. Diversos países atravesaron un proceso similar, optando inicialmente por fortalecer la regulación de las carreras de galgos mediante normativas más estrictas. Sin embargo, tras años de evaluaciones y seguimiento, estas naciones concluyeron que las medidas regulatorias eran insuficientes para garantizar el bienestar de los perros. Como resultado, decidieron transitar hacia la prohibición total de la actividad. Un ejemplo reciente de este cambio de paradigma es Nueva Zelanda, país que ha fijado el año 2026 para concretar esta transición.
En conclusión, la discusión sobre las carreras de galgos en Chile invita a una reflexión necesaria sobre el lugar que ocupan los animales en la estructura social actual y la capacidad de la sociedad para adaptar sus prácticas cuando la evidencia científica demuestra que es imperativo hacerlo. Independientemente del resultado final de la tramitación legislativa, este debate ya ha dejado una enseñanza fundamental: el bienestar animal ha adquirido un lugar central en la conversación pública y se ha consolidado como un criterio esencial que difícilmente podrá quedar al margen de las futuras políticas de protección hacia estos seres.
