Estados Unidos y Venezuela han anunciado un acuerdo para explotar vastas reservas de petróleo en territorio venezolano. Según Donald Trump, el pacto otorga al gobierno estadounidense una participación en los yacimientos, tras la captura de Nicolás Maduro en enero y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.
El acuerdo establece la creación de una nueva empresa entre Estados Unidos y un operador privado no identificado. Esta entidad tendrá derechos sobre 17 campos con un potencial probado de 65 mil millones de barriles. Bajo los términos revelados, Estados Unidos recibirá el 55% de la producción efectiva, incluyendo el derecho a comprar petróleo al costo para abastecer a sus Fuerzas Armadas y la Reserva Estratégica de Petróleo. De materializarse, esta empresa sería la segunda mayor titular de reservas probadas a nivel mundial, solo superada por Saudi Aramco.
Desde Venezuela, la líder interina Delcy Rodríguez afirma que el pacto modernizará la industria y atraerá 100 mil millones de dólares en inversiones, asegurando que la soberanía nacional está garantizada. No obstante, el acuerdo ha generado fuertes críticas. El profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, lo calificó de "vergonzoso" e "ilegítimo".
En el Congreso de Estados Unidos, la división es evidente. El senador republicano Bernie Moreno calificó el pacto como un acuerdo histórico. En contraste, demócratas como Tim Kaine denunciaron una "corrupción a una escala épica", sugiriendo que la captura de Maduro fue el medio para obtener el petróleo.
A pesar del anuncio, persisten incógnitas fundamentales: no se ha publicado el texto del acuerdo, se desconoce la identidad del operador privado y no está claro quién financiará las inversiones necesarias en infraestructuras deterioradas. Petroleras como Chevron y Exxon Mobil han declinado hacer comentarios al respecto.
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