La tensión en los sectores productivos de Bolivia ha alcanzado un punto crítico debido a las disputas sobre la distribución y el costo del diésel. Actualmente, diversos gremios y productores exigen que se mantengan soluciones definitivas para acceder al combustible a un precio de 9,80 bolivianos, rechazando tajantemente la alternativa de pagar 18 bolivianos por litro. Este conflicto, que se centra en la diferencia de precios y los cupos de abastecimiento, amenaza con agravarse durante el transcurso de la presente semana.
En el departamento de Beni, la situación ha transitado por un camino de diálogo, aunque la incertidumbre persiste. Durante el pasado fin de semana, el Gobierno logró que se levantara un bloqueo de carreteras mediante procesos de negociación. No obstante, este acuerdo quedó sujeto a la promesa estatal de dotar una mayor cantidad de diésel y realizar un análisis exhaustivo sobre los cupos solicitados por los productores locales.
En el marco de los encuentros sostenidos entre los pequeños productores de Beni y representantes de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se planteó una demanda concreta y urgente: elevar el cupo de distribución actual. Los productores señalaron que los 120 litros asignados actualmente son insuficientes para cubrir sus necesidades productivas, por lo que propusieron que dicho límite se incremente hasta los 6.000 litros. Esta solicitud se fundamenta en los requerimientos técnicos y operativos de sus actividades agrícolas.
Para dar respuesta a este pedido, se informó que la propuesta de los pequeños productores será puesta a consideración del gabinete de ministros. El objetivo de este análisis es realizar los ajustes normativos y administrativos necesarios para que los productores puedan seguir accediendo al diésel al precio de 9,80 bolivianos, evitando así el incremento a 18 bolivianos por litro. Como parte de las garantías ofrecidas por el Gobierno para asegurar la cosecha, se ha prometido la dotación de diésel e incluso el despliegue de cisternas móviles para facilitar la logística en el campo.
Paralelamente, el panorama en el departamento de Santa Cruz es considerablemente más conflictivo. En el municipio de San Julián, se ha anunciado la ejecución de un bloqueo de carretera programado para este miércoles. Esta medida de presión surge como un rechazo directo al Decreto 5676, el cual es percibido por el sector productivo como perjudicial para sus actividades. El anuncio del bloqueo cuenta con el respaldo explícito del alcalde de San Julián, Carlos Vaca, lo que añade un componente político a la protesta social.
Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se encuentra en una etapa de análisis interno para determinar qué medidas adicionales adoptar. La entidad busca forzar al Gobierno Nacional a que proceda con la abrogación del Decreto 5676. Se ha indicado que es probable que las acciones a seguir sean consensuadas con el Comité pro Santa Cruz, buscando un frente común que otorgue mayor peso a sus demandas frente al Ejecutivo.
Desde la máxima instancia gubernamental, la postura se mantiene firme. El presidente Rodrigo Paz manifestó la semana pasada que no dará marcha atrás en la implementación del Decreto 5676. El argumento principal del mandatario es que retroceder en esta medida significaría favorecer la salida ilegal de combustible hacia los países vecinos, combatiendo así el contrabando de hidrocarburos.
A pesar de la firmeza en mantener el decreto, el presidente anunció que el documento puede ser "mejorado". Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha brindado explicaciones detalladas ni ha presentado un plan concreto sobre cómo se llevaría a cabo dicha mejora, lo que mantiene la incertidumbre y el malestar entre los productores que dependen del diésel para sostener la economía agraria del país.
