El Gobierno de Chile ha decidido congelar el inicio de la tramitación de la reforma constitucional en materia de seguridad, impulsada por el ministro Martín Arrau, debido a una resistencia transversal que abarca tanto a la oposición como a sectores del propio oficialismo. Esta determinación se tomó tras una reunión sostenida el domingo por la noche entre ministros, encabezados por el titular del Interior, Claudio Alvarado, y los presidentes de los partidos políticos.
El objetivo del encuentro fue evaluar las alternativas de salvación para una iniciativa que enfrenta un escenario complejo en el Poder Legislativo. En el mejor de los casos, se prevé que la reforma comience a ser discutida formalmente en la Comisión de Constitución del Senado durante la segunda semana de septiembre. No obstante, las negociaciones internas y con la oposición se intensificarán a partir de este lunes para definir el destino de la propuesta.
La estrategia ratificada por el Ejecutivo consiste en apostar por la Comisión de Constitución del Senado como la instancia para perfeccionar el texto y alcanzar un acuerdo amplio. Mientras se dirime el futuro de la reforma constitucional, el Gobierno continuará impulsando otros veinte proyectos de su agenda de seguridad, entre los que destacan las Reglas de Uso de la Fuerza, la carrera funcionaria en Carabineros y la iniciativa antibarricadas.
El punto más crítico de la controversia es el nuevo "Estado de Excepción Constitucional de Seguridad", considerado el corazón del proyecto. Ante las fuertes críticas, el ministro Arrau ya había mostrado flexibilidad, allanándose a reducir el plazo de extensión de este régimen especial de 240 días (8 meses) a solo 30 días, evitando así que opere prolongadamente sin pasar por el Congreso Nacional. Asimismo, accedió a atenuar las facultades para interceptar comunicaciones personales. A pesar de esto, Arrau ha solicitado a La Moneda no ceder en la eliminación total de este nuevo estado de excepción.
Desde el Senado, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), ha sugerido que, en lugar de crear un "quinto" estado de excepción, sería más viable fortalecer el actual Estado de Excepción de Emergencia, similar al que ya se aplica en las regiones de La Araucanía y el Biobío. Núñez criticó la falta de trabajo prelegislativo y la escasa socialización del proyecto, cuestionando la práctica del "pirquineo" —la búsqueda de votos individuales— y abogando por un acuerdo más robusto.
Ante este panorama, el Gobierno se encuentra frente a tres caminos posibles: retirar el proyecto, lo que representaría una derrota política; realizar una modificación profunda que incluya la eliminación del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública; o apostar por una fusión de reformas, integrando propuestas presentadas por senadores de la oposición, como las cuatro mociones de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien además trabaja en una quinta propuesta contra el crimen organizado.
Para evitar el riesgo de que se rechace la idea de legislar en una votación general, Paulina Núñez propuso que la reforma se discuta simultáneamente en general y en particular dentro de la Comisión de Constitución, para que llegue un texto consensuado al hemiciclo. Esta fórmula fue respaldada por el presidente de dicha comisión, el senador Pedro Araya (PPD), quien sugirió una mesa de trabajo directa entre los cinco integrantes de la comisión y el Gobierno.
La situación política se ve agravada por tensiones internas. En la UDI, el diputado Guillermo Ramírez ya había manifestado reparos, mientras que en Renovación Nacional existen fricciones por el protagonismo de la senadora Núñez en sus acercamientos al PS. Por su parte, el Partido Socialista muestra una fractura evidente: mientras Vodanovic se muestra abierta a alternativas, el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini han sido tajantes en su rechazo. Cicardini advirtió que una reforma que arrebata derechos para prometer seguridad "es abrir la puerta al autoritarismo en Chile". El voto político oficial del PS es claro: exigen el retiro de la iniciativa o, de lo contrario, rechazarán la idea de legislar.
El desafío final para La Moneda es alcanzar el respaldo de al menos 29 senadores, el quórum necesario para modificar la Carta Fundamental, un número que hoy parece lejano dada la fragilidad de la alianza gubernamental en este tema.
