Una fuerte contradicción ha surgido entre las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y la Justicia Federal de Argentina en relación con las acciones legales emprendidas contra el proyecto de la empresa HIF Global en la ciudad de Paysandú. Mientras que el mandatario uruguayo había sugerido un avance diplomático positivo, la fiscalía federal de Concepción del Uruguay ha sido tajante al negar que las denuncias hayan sido retiradas.
El conflicto se originó luego de que el presidente Yamandú Orsi anunciara, durante una visita a la localidad de Guichón, Uruguay, que Argentina había retirado la denuncia penal vinculada al proyecto de combustibles sintéticos de HIF Global. Orsi calificó esta supuesta decisión como una "buena noticia a nivel diplomático", sugiriendo que el camino judicial se había despejado para permitir el avance del emprendimiento.
Sin embargo, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, salió al paso de estas afirmaciones para desmentirlas categóricamente. Según explicó la funcionaria judicial, la denuncia penal continúa en trámite y bajo ningún punto de vista se ha procedido al cierre de la causa. Minatta fue contundente al señalar que la información brindada por el presidente Orsi "no es verídica", dejando claro que la Justicia Argentina mantiene su postura y sus procesos activos.
La fiscal detalló que el expediente penal permanecerá abierto hasta que se obtengan certezas concretas sobre el futuro emplazamiento de la planta de combustibles sintéticos. Al respecto, indicó que, hasta el momento, no existe información oficial que confirme la relocalización que había sido anunciada. En este sentido, advirtió que si el proyecto se mantiene en la zona de la costa del río Uruguay, el riesgo de contaminación ambiental seguirá siendo el eje central de la investigación judicial.
Es importante recordar que la denuncia penal fue presentada originalmente en el mes de febrero. El núcleo de la acusación cuestiona el posible incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y advierte sobre el eventual daño ambiental transfronterizo que podría ocasionar la instalación de la planta en el lugar proyectado.
En paralelo a la acción penal, el frente judicial se extiende a la esfera civil. Los legisladores nacionales por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, informaron a través de un comunicado que la demanda civil preventiva de daño ambiental, iniciada también contra el proyecto de HIF Global, sigue plenamente vigente. Los legisladores destacaron que la Justicia Federal ya ha ordenado la producción de las medidas de prueba solicitadas en el expediente, lo que demuestra que la causa avanza con normalidad.
Guillermo Michel enfatizó que los recientes movimientos judiciales dejan en claro que la Justicia Federal es competente para intervenir en el asunto y que las solicitudes de prueba han sido aceptadas, refutando así cualquier noción de que las acciones legales hayan sido suspendidas o retiradas.
Como parte de este proceso, el juez federal Hernán Viri encabezó un reconocimiento judicial en la costanera de la ciudad de Colón. Esta medida, realizada el pasado 21 de agosto, se enmarca en la causa por daño ambiental preventivo contra la empresa HIF Global y la República Oriental del Uruguay. El operativo contó con la participación de los legisladores Michel, Marclay y Bahl, junto a su abogado, Valodia Nichajew, y la perito bióloga designada en el expediente, Viviana Cousté.
La comitiva judicial se trasladó desde Concepción del Uruguay hacia Colón para realizar la inspección ocular. El objetivo principal fue establecer la relación geográfica directa entre el lugar donde se proyectaría la planta y la ciudad entrerriana. Durante la recorrida por la costanera, el magistrado y los expertos pudieron observar que la futura planta de combustibles sintéticos quedaría ubicada prácticamente frente a la toma de agua de la localidad de Colón, a una distancia de poco más de tres kilómetros en línea recta.
En conclusión, tanto la investigación penal liderada por la fiscalía como la acción civil preventiva impulsada por los legisladores entrerrianos permanecen activas, desestimando las versiones del mandatario uruguayo sobre un supuesto retiro de las acciones judiciales por parte del Estado argentino.
