La Asamblea Nacional ha dado un paso adelante en la lucha contra el crimen organizado, pero ¿es este proyecto legal suficiente? Con 77 votos a favor, el pleno sancionó el primer debate de la denominada "Ley Antimafias".
Su nombre oficial es Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado Frente al Crimen Organizado. El proyecto llegó al pleno tras ser aprobado previamente por ocho votos en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad.
Sin embargo, el avance legislativo no está exento de críticas. Se han identificado vacíos importantes que podrían comprometer su efectividad. Primero, se señala que el proyecto no fue precedido por una movilización o discusión nacional que incluyera a los principales actores sociales, políticos y económicos del país.
Otro punto crítico es la falta de una Política Criminal Integral. Actualmente, el Estado responde principalmente de forma punitiva, basándose en amenazas de cárcel, pero carece de programas de prevención completos y de una coordinación interinstitucional efectiva. Además, existe una contradicción preocupante: aunque el título del proyecto destaca el "fortalecimiento de las capacidades institucionales", este elemento esencial no se refleja en los objetivos reales del documento.
Este escenario es alarmante si consideramos la realidad del país. Ecuador ha pasado de ser un área de transporte de pasta base en los años 70 a convertirse en una autopista, bodega y gran exportador de droga. Esta evolución ha traído consigo un crecimiento acelerado de los Grupos de Delincuencia Organizada, que pasaron de ser 22 en 2024 a 48 en julio de 2026.
El desafío ahora es resolver estos vacíos para que la ley no sea solo una herramienta política, sino un beneficio real para la sociedad y el Estado.
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