Una noticia preocupante sobre la transparencia y la salud ética del Estado ecuatoriano ha salido a la luz. Según un reporte publicado por la agencia Bloomberg, la Contraloría General del Estado ha decidido bloquear el acceso a la información sobre el patrimonio del presidente Daniel Noboa.
La publicación detalla que la administración presidencial está restringiendo el acceso a sus declaraciones patrimoniales personales, bloqueando toda la información sobre sus activos y deudas. Específicamente, la Contraloría ha cerrado el acceso a todas las declaraciones anteriores desde el año 2021, alegando razones de inteligencia que no han sido especificadas.
Este escenario plantea serias dudas legales. La Constitución del Ecuador, en su artículo 231, establece de forma contundente que las servidoras y servidores públicos, sin ninguna excepción, deben presentar una declaración patrimonial que incluya activos y pasivos, además de autorizar el levantamiento del sigilo de sus cuentas bancarias si fuera necesario.
Es fundamental subrayar que el presidente de la República no posee una excepción constitucional por su cargo como jefe de Estado. Por lo tanto, la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas no otorga al máximo organismo de control la facultad de cerrar el acceso a dicha información, independientemente de las razones de inteligencia invocadas.
Lo más alarmante es el precedente que esto podría generar. En el futuro, cualquier persona vinculada a estructuras criminales podría intentar usar el poder para enriquecerse ilegítimamente manteniendo su patrimonio oculto. Esta decisión de la Contraloría aumenta la percepción de que el organismo podría estar cooptado por el Ejecutivo para fortalecer una posible impunidad.
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