La activista y buscadora mexicana Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, resultó herida este sábado tras ser víctima de un ataque armado en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. El incidente ha generado una inmediata reacción de organizaciones de derechos humanos y ha puesto nuevamente el foco sobre los peligros que enfrentan quienes buscan a personas desaparecidas en la región.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Sinaloa, la agresión se produjo en la colonia Esthela Ortiz de Toledo. En este lugar, hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba la activista, provocando que Rojo Medina resultara lesionada. El ataque no afectó únicamente a la fundadora del colectivo; según reportes de medios locales, una segunda mujer, quien sería la hija de la buscadora, también resultó herida durante la incursión armada.
Tras el suceso, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia a un centro hospitalario. Aunque el reporte oficial indica que se encuentran en estado estable, las autoridades informaron que permanecen bajo resguardo y custodia en el lugar donde reciben atención médica para garantizar su seguridad.
En el ámbito legal, la Fiscalía de Sinaloa comunicó la apertura de una indagatoria formal por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Una de las líneas prioritarias de investigación se centra en determinar si la agresión estuvo directamente relacionada con las actividades que Rojo Medina desempeña como integrante y fundadora de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Debido a la naturaleza del ataque, la Fiscalía ha derivado la investigación al área especializada en delitos contra las mujeres por razones de género, contando con el respaldo de personal pericial y policías de investigación.
Alma Rosa Rojo Medina posee una trayectoria prolongada en el activismo social en Sinaloa. Su compromiso con la búsqueda de personas comenzó en el año 2009, tras la desaparición de su hermano, Miguel Ángel. Desde aquel momento, ha liderado y participado en múltiples jornadas de búsqueda de personas y restos humanos en diversos puntos del estado, consolidando la labor de Voces Unidas por la Vida.
La agresión fue condenada enérgicamente por el colectivo Sabuesas Guerreras, organización que exigió a las autoridades del estado de Sinaloa que la investigación sea conducida de manera "exhaustiva, pronta y transparente". El grupo enfatizó la necesidad de identificar no solo a los autores materiales del ataque, sino también a los responsables intelectuales. A través de un comunicado, la organización manifestó: “Quienes buscamos a nuestros seres queridos no deberíamos enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado”.
Asimismo, Sabuesas Guerreras reclamó la implementación inmediata de medidas de protección efectivas para Alma Rosa Rojo Medina, su núcleo familiar y todos los integrantes de los colectivos de búsqueda que operan en la región, advirtiendo que este atentado representa una agresión contra todas las personas que buscan a sus desaparecidos.
Este hecho revive la memoria de otros ataques contra activistas en la zona. En 2014, Sandra Luz Hernández, quien también formaba parte de Voces Unidas por la Vida y buscaba a su hijo desaparecido, fue asesinada a tiros en Culiacán, evidenciando la vulnerabilidad histórica de estas mujeres.
El ataque ocurre en un contexto de alta tensión y violencia en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, el estado atraviesa una crisis derivada de la pugna interna entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, pertenecientes al Cartel de Sinaloa. Este enfrentamiento se intensificó tras la captura en Estados Unidos de Ismael “el Mayo” Zambada. Dicho conflicto ha dejado un saldo de miles de homicidios y desapariciones, mientras los colectivos de familiares continúan realizando búsquedas en campo.
Esta situación se enmarca en una crisis nacional donde se reportan más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas en México. Ante este escenario, Sabuesas Guerreras instó al Gobierno estatal a dejar de ser un "espectador" y asumir la responsabilidad de garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos.
