La gestión de José Gabriel Espinoza Yáñez al frente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia concluyó de manera abrupta durante la tercera semana de agosto de 2026. En un lapso de solo siete días, el exministro atravesó un proceso de censura legislativa, una destitución presidencial y la presentación de dos denuncias penales por hechos independientes, cerrando un ciclo marcado por la contradicción entre resultados macroeconómicos y cuestionamientos éticos e institucionales.
El declive comenzó el 18 de agosto, cuando la Asamblea Legislativa censuró a Espinoza con 91 votos a favor, de 129 legisladores presentes. El motivo fue la inasistencia del ministro a una interpelación donde debía responder 29 preguntas sobre temas críticos: los bonos soberanos, los billetes de la Serie B, la demora en la presentación del Presupuesto y el caso Pari, relacionado con el desfalco del Banco Unión. Aunque Espinoza solicitó posponer la comparecencia alegando viajes oficiales, la Asamblea rechazó la petición.
Tras la censura, el exministro presentó una Acción de Amparo Constitucional ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto. Sin embargo, esta acción fue cuestionada por el senador Leonardo Roca, quien señaló que una hija del vocal Grover Jhonn Cori Paz, encargado de resolver el recurso, trabaja en el Banco Central de Bolivia (BCB), entidad bajo la tuición del Ministerio de Economía. El vocal no se excusó del caso. Finalmente, el 21 de agosto, el presidente Rodrigo Paz dejó sin efecto la designación de Espinoza mediante el decreto presidencial 5678. El 24 de agosto, Espinoza retiró el amparo para evitar que su situación personal fuera un factor de confrontación gubernamental, y al día siguiente, Christian Andrés Morales Burgos fue juramentado como su sucesor.
Paralelamente, Espinoza enfrenta dos procesos penales distintos. El primero, presentado el 12 de agosto por el vicepresidente Edmand Lara, investiga la adquisición de una vagoneta Audi Q4 e-tron. Según la denuncia, el vehículo fue protocolizado por Bs 50.000, mientras que el desembolso real habría sido de Bs 350.000. Además, se señala que en su declaración jurada del 29 de junio, el exministro reportó un patrimonio de Bs 9.367, omitiendo el registro del vehículo. La Fiscalía investiga los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y falsedad en la declaración de bienes y rentas.
El segundo proceso fue impulsado el 25 de agosto por la diputada Lissa Claros, quien denunció incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. Claros sostiene que Espinoza gestionó bonos por mil millones de dólares para adquirir deuda estatal sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Esta denuncia ocurrió días después de que la propia diputada fuera mencionada en una lista de legisladores que presuntamente habrían recibido sobresueldos del Ejecutivo.
En el plano económico, el balance de Espinoza es mixto. Desde que asumió el 9 de noviembre de 2025, logró reducir el déficit fiscal, que se encontraba cerca del 12,5% del PIB, y puso fin a quince años de tipo de cambio fijo el 29 de junio de 2026. El nuevo régimen flexible inició en Bs 9,73 por dólar y alcanzó los Bs 11,77 a mediados de agosto. Asimismo, concretó una reducción parcial del subsidio a los combustibles y un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares.
No obstante, estas cifras contrastan con el crecimiento de la deuda pública y el uso del Banco Central de Bolivia como fuente de financiamiento para sueldos y obligaciones fiscales, mediante créditos directos por Bs 16.000 millones y Bs 31.839 millones, respectivamente. Además, se reportó un impacto severo en los ahorros de 2,82 millones de trabajadores: el valor del fondo de pensiones de la Gestora Pública de Seguridad Social cayó un 39,1% en dólares entre el 29 de junio y el 19 de julio, representando una pérdida contable de 12.039 millones de dólares debido a la depreciación del boliviano.
Finalmente, la gestión estuvo marcada por la opacidad y posibles conflictos de interés. Espinoza fue director suplente de Ferroviaria Andina S.A. (FASA), empresa vinculada al grupo de Carlos Enrique Gill Ramírez, mientras que el 50% de las ferroviarias pertenece a la Gestora Pública. A pesar de las consultas, el exministro negó la existencia de conflictos de interés. Asimismo, su despacho dejó sin respuesta preguntas sobre el arbitraje CIADI del caso BBVA y la ausencia de un Directorio en la Gestora Pública, cargo obligatorio desde 2010 que lleva más de quince años sin conformarse.
Christian Morales Burgos, quien fue viceministro del Tesoro y Crédito Público, asume ahora el cargo con la meta de cerrar entre 7.000 y 10.000 millones de dólares en créditos multilaterales y gestionar la presión social derivada del retiro de la subvención al diésel para grandes consumidores.
