México enfrenta una crisis silenciosa en materia de salud pública debido al consumo de alcohol, una problemática que se ve agravada por un rezago significativo en las políticas públicas diseñadas para combatirla. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el consumo de bebidas alcohólicas en el país provoca hasta 40 mil muertes anuales y genera costos sociales que superan los 552 mil millones de pesos.
A pesar de estas cifras alarmantes, diversas organizaciones y especialistas advierten que el marco regulatorio se ha quedado atrás. En este contexto, mediciones recientes revelan que existe un respaldo mayoritario entre la población para implementar medidas más estrictas que regulen el precio, la disponibilidad y la promoción de las bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.
La Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) compartió los resultados de un análisis realizado por el INSP y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, basado en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT 2025). Los datos indican que el 67% de la población apoya un incremento en los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas. Un dato relevante es que este respaldo persiste incluso entre quienes consumen alcohol con frecuencia, donde el 52.7% está de acuerdo con elevar dichos impuestos.
El respaldo social se extiende a otras regulaciones clave. El análisis de la ENCODAT 2025 muestra que el 88% de los encuestados aprueba la reducción de los horarios de venta de alcohol, mientras que el 86.9% está a favor de eliminar el patrocinio de bebidas alcohólicas en eventos o equipos deportivos. Asimismo, el 86.8% de los participantes apoyó el aumento de la edad mínima legal para la compra de estas sustancias y el 79.4% se manifestó a favor de reducir el número de establecimientos dedicados a la venta de alcohol.
Complementando esta información, RASA reportó un primer estudio desarrollado conjuntamente por el INSP y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el cual destaca una demanda social por mayor control y atención. El 95.7% de los consultados apoya garantizar el derecho al diagnóstico y tratamiento, el 95.6% respalda el aumento de las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y el 92.8% está de acuerdo con la ampliación de los puntos de revisión de alcoholimetría.
En la Ciudad de México, los resultados de una encuesta realizada por la casa DINAMIA refuerzan esta tendencia, señalando que el 94% de la población considera que el alcohol es un problema de salud pública. Este estudio también vinculó el consumo con problemáticas sociales graves: la violencia apareció como la preocupación principal para el 75% de los encuestados, destacando la violencia contra las mujeres en un 83% y la violencia familiar en un 78%.
Respecto al perfil de quienes apoyan estas medidas, RASA señaló que las mujeres muestran consistentemente un respaldo mayor que los hombres, mientras que las variaciones relacionadas con el nivel socioeconómico y la edad fueron menores.
Este consenso social contrasta drásticamente con la realidad legislativa. RASA advirtió sobre un rezago regulatorio crítico, señalando que la última reforma al Reglamento de la Ley General de Salud en cuanto a la publicidad de alcohol data de 2008, y la última reforma fiscal específica sobre estas bebidas se realizó en 2013. Además, se subrayó que las reglas de disponibilidad son heterogéneas y varían considerablemente entre municipios y entidades federativas.
Desde la perspectiva académica y médica, la doctora Iliana Murguia, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA), afirmó que existe una apertura social para modificar las políticas públicas. Murguia sostuvo que el consumo está determinado por el precio, la publicidad, la disponibilidad y los horarios, por lo que intervenir en ese entorno es una herramienta legítima de salud pública.
Por su parte, el doctor Luis Solís Rojas, psiquiatra especialista en adicciones, consideró que estos hallazgos representan una ventana de oportunidad para actualizar la política nacional. Según Solís Rojas, contar con datos sobre la aceptación social permite diseñar e implementar políticas con mayor legitimidad y posibilidades de permanencia.
En la misma línea, Alonso Robledo, vocero de RASA, insistió en que la regulación es una necesidad sustentada tanto en evidencia científica como en el respaldo ciudadano. Robledo cuestionó por qué las autoridades han postergado estas regulaciones y urgió a transformar la legitimidad social en decisiones públicas que protejan la salud de la población.
Finalmente, organizaciones como Salud Justa Mx, RASA y la Fundación Cáncer Warriors de México solicitaron formalmente al gobierno federal la creación de una política nacional integral contra el alcoholismo. En este marco, la investigadora Nancy López alertó que la prevalencia de consumo en adolescentes se mantiene en un 33.9%, y que el consumo "alguna vez en la vida" entre mujeres aumentó del 67.3% al 75.4%. Por último, Sebastián García Procel, de la Fundación Cáncer Warriors de México, recordó que el alcohol está clasificado como un carcinógeno del Grupo 1, vinculado directamente con diversos tipos de cáncer.