Las políticas públicas destinadas a combatir el alto consumo de alcohol en México presentan un rezago considerable, a pesar de que esta problemática representa un desafío crítico para la salud nacional. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el consumo de bebidas alcohólicas provoca hasta 40 mil muertes anuales en el país y genera costos sociales que superan los 552 mil millones de pesos.
En este contexto, mediciones recientes revelan que existe un respaldo mayoritario por parte de la ciudadanía hacia la implementación de medidas más estrictas para regular el precio, la disponibilidad y la promoción de las bebidas alcohólicas. La Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) informó que, basándose en el análisis del INSP y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones sobre la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT 2025), el 67% de la población está a favor de aumentar los impuestos a estas bebidas.
Un dato relevante de este análisis es que el apoyo a la carga impositiva no se limita a quienes se abstienen de beber; incluso entre las personas que consumen alcohol con frecuencia, el 52.7% manifestó estar de acuerdo con elevar dichos impuestos.
El respaldo social se extiende también a la regulación de la disponibilidad y la publicidad. El análisis del INSP sobre la ENCODAT 2025 indica que el 88% de los encuestados apoya la reducción de los horarios de venta de bebidas alcohólicas. Asimismo, el 86.9% está a favor de eliminar el patrocinio de estas bebidas en eventos o equipos deportivos, y el 86.8% coincide en la necesidad de aumentar la edad mínima legal para comprar alcohol. De igual manera, el 79.4% de los participantes apoyó la reducción del número de establecimientos dedicados a la venta de alcohol.
Al respecto, la doctora Iliana Murguia, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA), señaló que estos resultados evidencian una apertura social significativa para modificar las políticas públicas con el fin de reducir tanto el consumo como sus consecuencias. Murguia subrayó que el consumo ocurre dentro de un entorno definido por el precio, la publicidad, la disponibilidad, los horarios y los puntos de venta, por lo que modificar dicho entorno constituye una herramienta legítima de salud pública.
De forma complementaria, RASA reportó los hallazgos de un primer estudio desarrollado conjuntamente por el INSP y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Los resultados muestran que el 95.7% de la población apoya garantizar el derecho al diagnóstico y tratamiento del alcoholismo. En materia de seguridad vial, el 95.6% respalda el aumento de las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que el 92.8% está de acuerdo con ampliar los puntos de revisión de alcoholimetría.
Por otro lado, una encuesta realizada por la casa encuestadora DINAMIA en la Ciudad de México reveló que el 94% de los habitantes considera que el alcohol es un problema de salud pública. En este mismo ejercicio, la violencia se posicionó como la principal preocupación para el 75% de los encuestados, destacando la preocupación por la violencia contra las mujeres en un 83% y la violencia familiar en un 78%.
El análisis de los datos indica que las mujeres muestran consistentemente un apoyo mayor a estas medidas regulatorias en comparación con los hombres, mientras que las variaciones según la edad o el nivel socioeconómico fueron menores.
RASA advirtió que este amplio respaldo social contrasta drásticamente con un rezago regulatorio evidente. La organización señaló que la última reforma al Reglamento de la Ley General de Salud respecto a la publicidad de bebidas alcohólicas ocurrió en 2008, y la última reforma fiscal específica sobre el tema data de 2013. Además, se alertó que las reglas sobre disponibilidad son heterogéneas y varían significativamente entre entidades y municipios.
El doctor Luis Solís Rojas, psiquiatra y especialista en adicciones, comentó que estos resultados abren una ventana de oportunidad para actualizar la política de alcohol en México. Según Solís Rojas, conocer el nivel de aceptación de estas medidas proporciona información estratégica para fortalecer el diseño y la implementación de políticas públicas con mayor legitimidad y posibilidades de permanencia.
Por su parte, Alonso Robledo, vocero de RASA, afirmó que la regulación es una necesidad sustentada tanto en evidencia científica como en respaldo social. Robledo cuestionó por qué las autoridades continúan postergando la regulación del alcohol y sostuvo que es imperativo convertir la legitimidad social en decisiones públicas para proteger la salud de la población.
Cabe destacar que en febrero pasado, representantes de Salud Justa Mx, RASA y la Fundación Cáncer Warriors de México solicitaron formalmente al gobierno federal la creación de una política nacional integral contra el alcoholismo. En este marco, la investigadora Nancy López señaló que la prevalencia del consumo en adolescentes se mantiene en un 33.9%. Asimismo, alertó que el consumo "alguna vez en la vida" entre mujeres aumentó del 67.3% al 75.4%.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, remarcó que el incremento del consumo entre mujeres adultas representa un desafío adicional. Finalmente, Sebastián García Procel, de la Fundación Cáncer Warriors de México, recordó que el alcohol está clasificado como un carcinógeno Grupo 1, vinculado directamente con diversos tipos de cáncer.