Tres personas condenadas en el marco de la denominada "Operación Cerbero", proceso judicial que culminó con la incautación de 3,5 toneladas de marihuana, han interpuesto una querella criminal contra el fiscal Maximiliano Krause. El objetivo de esta acción legal es esclarecer si diversos funcionarios policiales utilizaron las claves institucionales del persecutor para ingresar de manera irregular a la carpeta reservada de la investigación.
El origen de este complejo escenario se remonta al año 2021, fecha en la que se llevó a cabo una operación de alcance internacional que permitió el decomiso de una cantidad masiva de droga y terminó con la condena de diez ciudadanos de nacionalidad colombiana. Sin embargo, ahora tres de los sentenciados, quienes se encuentran actualmente recluidos en distintos recintos penitenciarios, han decidido apuntar contra el fiscal que lideró el proceso.
Los querellantes han sido identificados como Francisco Vélez Feijó, César Bolaño Calderón y Carlos Buitrago Ocampo. La acción judicial fue dirigida al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, buscando determinar la responsabilidad penal del fiscal Maximiliano Krause, persecutor de la Fiscalía de Valparaíso. El punto central de la controversia radica en que el propio Krause reconoció haber compartido sus credenciales de acceso al sistema del Ministerio Público con funcionarios de inteligencia de la Armada.
Este hecho salió a la luz a finales de 2024, en un contexto distinto: las indagatorias relacionadas con las filtraciones del caso Monsalve. En aquel proceso, Maximiliano Krause admitió que, desde el año 2021, había facilitado sus claves institucionales a, lo menos, tres integrantes de la Dirección de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Armada (DIPOLMAR). El fiscal señaló que estas credenciales eran utilizadas por funcionarios con quienes colaboraba en investigaciones sobre contrabando, armas y drogas.
La revelación de este accionar encendió las alarmas de los condenados de la Operación Cerbero, ya que coincidió temporalmente con el periodo en que la unidad naval trabajaba junto al fiscal en dicho caso. De hecho, uno de los funcionarios navales admitió haber ingresado con la cuenta del fiscal a la carpeta del caso Monsalve motivado por la "curiosidad", lo que ya había dado origen a investigaciones penales y administrativas previas.
El abogado representante de los condenados, Ricardo Bravo Cornejo, explicó a BioBioChile que la querella busca determinar si existe una responsabilidad penal directa del representante del Ministerio Público. Según el abogado, si los funcionarios de la Armada, que posteriormente actuaron como testigos en el juicio, tuvieron acceso a información privilegiada y reservada a través de las claves del fiscal, la investigación original estaría "contaminada".
Bravo Cornejo subrayó que cualquier acción que se desvíe del principio de objetividad que debe regir al Ministerio Público afecta la integridad de las investigaciones, especialmente en casos complejos donde informantes o policías prestan declaración posteriormente. En este sentido, el abogado sostuvo que, de comprobarse que la investigación fue contaminada por este acceso irregular a la información, el hecho podría repercutir directamente en una revisión de las sentencias ya dictadas.
La querella, que ya fue declarada admisible por el tribunal, no afirma categóricamente que los funcionarios hayan ingresado a la carpeta de la Operación Cerbero, sino que busca acreditarlo mediante pruebas técnicas. Para ello, solicita la revisión exhaustiva de los registros de accesos, los horarios de conexión, las direcciones IP, los equipos utilizados, las descargas efectuadas y cualquier posible modificación realizada en los archivos entre julio de 2021 y marzo de 2024.
Además de las pericias informáticas, la acción legal solicita que el fiscal Maximiliano Krause sea declarado como imputado, que se interrogue a los funcionarios navales involucrados y que se realice un peritaje informático independiente para garantizar la transparencia del proceso.
Finalmente, la querella pide que se investiguen eventuales delitos graves, tales como tráfico de influencias, violación de secreto funcionario, abuso contra particulares, acceso ilícito informático, obtención indebida de datos y obstrucción a la investigación. Consultados sobre estos hechos, el Ministerio Público declinó emitir comentarios o referirse al tema.
