En el marco de una mesa de diálogo organizada por la Universidad Iberoamericana (Ibero) en la Ciudad de México, un grupo multidisciplinario compuesto por abogados, psicólogos y pedagogos manifestó su apoyo a la medida de regular el uso de dispositivos tecnológicos dentro de los entornos educativos. Esta iniciativa surge como respuesta a la propuesta planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado mes de junio.
A pesar del respaldo general a la regulación, los especialistas advirtieron que la implementación de estas medidas debe ser cuidadosamente planificada para evitar caer en soluciones superficiales. El abogado y especialista en derechos de la infancia, Ricardo Ortega Soriano, señaló enfáticamente que ninguna prohibición debe ser vista como una “panacea”. Según el experto, basar la solución únicamente en la restricción puede derivar en un “reduccionismo” de problemas estructurales mucho más profundos.
En este sentido, Ortega Soriano destacó que existen factores externos que influyen en la conducta de los menores, involucrando directamente a grandes empresas tecnológicas. Mencionó específicamente el caso de Meta, compañía que actualmente enfrenta un juicio histórico debido a la supuesta adicción que generan sus plataformas digitales, lo que sugiere que el problema trasciende las paredes del aula.
Para contextualizar la medida a nivel global, el especialista recordó que, de acuerdo con datos de la Unesco, más de 114 países ya han establecido límites al uso de dispositivos en el contexto escolar. Estas restricciones han sido implementadas principalmente por razones pedagógicas y para mejorar la convivencia escolar entre los estudiantes.
No obstante, Ortega Soriano subrayó que estas regulaciones no pueden aplicarse de forma aislada. Deben estar integradas en políticas públicas educativas integrales y, sobre todo, ser “proporcionales”. El objetivo es garantizar que las normas no vulneren la “integridad” de los menores ni creen “contextos de incomunicación” que pudieran resultar perjudiciales.
Por su parte, Sandra Irma Montes de Oca, directora del Departamento de Psicología, profundizó en la necesidad de que la propuesta del Poder Ejecutivo establezca reglas claras y detalladas. La especialista argumentó que es fundamental definir exactamente cuándo, en qué espacios educativos y a qué grupo de estudiantes se aplicaría la prohibición. Como referencia, citó el ejemplo de Australia, donde las redes sociales están prohibidas para menores de 16 años.
Un punto crítico abordado por Montes de Oca fue la necesidad de incluir “excepciones explícitas” en la aplicación de la norma. Los expertos recordaron que existen estudiantes con autismo que utilizan los dispositivos tecnológicos como una herramienta esencial para comunicarse y desarrollarse adecuadamente en los espacios educativos. Ignorar estas necesidades podría representar un retroceso en la inclusión escolar.
Asimismo, se puso sobre la mesa la preocupación por las medidas de “emergencia y seguridad”. Debido a que los teléfonos celulares se han convertido en la herramienta principal de comunicación entre niños, adolescentes y sus familiares, la prohibición total podría generar incertidumbre. Ante esto, Montes de Oca destacó que, si se limita el uso del dispositivo, la escuela debería contar con medios institucionales efectivos para establecer dicha comunicación.
La directora de Psicología insistió en que las reglas deben ser “claras, consistentes y conocidas por toda la comunidad”. Esto tiene como fin evitar prácticas arbitrarias, tales como confiscaciones prolongadas de los equipos, respuestas desproporcionadas por parte de las autoridades escolares o sanciones que terminen excluyendo al estudiante de su proceso de aprendizaje.
Finalmente, Montes de Oca advirtió que la iniciativa no debe reducirse simplemente a “sacar los celulares de las escuelas”, ya que esta acción no garantiza la recuperación de la “atención” que los alumnos han perdido en las aulas. Para ilustrar este punto, mencionó el caso de Inglaterra, donde las políticas restrictivas lograron reducir el uso de celulares en aproximadamente 40 minutos durante la jornada escolar, pero no marcaron una diferencia significativa en el bienestar emocional de los menores, quienes continuaban conectándose a las plataformas digitales inmediatamente después de salir de clase.
Como conclusión, los expertos coincidieron en que cualquier regulación en México debe ir acompañada de una política educativa integral. Este enfoque debe involucrar no solo a los niños y adolescentes, sino también a sus familias, a los docentes, al Estado y, de manera crucial, a las empresas tecnológicas.
