¿Salvan vidas o solo recaudan dinero? Esta es la pregunta que hoy pone en jaque el sistema de fotodetección en Colombia.
El Gobierno nacional ha iniciado una revisión integral sobre la legalidad y el funcionamiento de las fotomultas en todo el país. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que la detección electrónica debe prevenir siniestros y no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos.
La controversia tomó fuerza en el corredor Barranquilla-Cartagena, donde la ministra consideró excesivo el número de dispositivos, ordenando suspender la operación de tres nuevos puntos de control. No obstante, la situación trasciende lo regional: la Superintendencia de Transporte ya investiga a 37 organismos de tránsito por presuntos incumplimientos, incluyendo los de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena y Bucaramanga.
Las cifras son impactantes. Se han impuesto más de 7,5 millones de comparendos. De estos, más de un millón y medio ya fueron pagados, generando un recaudo superior a un billón cinco mil millones de pesos. Sin embargo, el Gobierno advierte que más de 5,8 millones de comparendos deberán ser revocados de oficio debido a las irregularidades detectadas.
La investigación reveló fallas técnicas graves: 12 organismos operaron sin el concepto técnico requerido, siete utilizaron conceptos expedidos a terceros y otros 18 los obtuvieron después de haber iniciado operaciones.
Si se determina que los recursos deben ser devueltos y se aplican sanciones, el impacto económico podría superar los 2,1 billones de pesos. Mientras tanto, la expansión de estos sistemas continúa, con un crecimiento proyectado de 409 dispositivos autorizados para el año 2025.
El objetivo final es establecer si estas cámaras operan bajo criterios legales y si realmente cumplen su propósito de mejorar la seguridad vial.
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