En un operativo ejecutado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), fue detenida una mujer de 32 años de edad, señalada como la presunta responsable de llevar a cabo una sofisticada red de extorsiones a través de redes sociales en la ciudad de Barquisimeto. La detenida utilizaba perfiles falsos para engañar a sus víctimas, llegando incluso a suplantar la identidad de funcionarios de seguridad del Estado para obligar a las personas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
La información fue suministrada por Douglas Rico, director nacional del Cicpc, quien detalló que el arresto fue el resultado de un exhaustivo proceso de investigación llevado a cabo por las comisiones adscritas a la Delegación Municipal San Juan, ubicada en la capital larense. Las pesquisas permitieron determinar que la mujer no actuaba sola, sino que mantenía una alianza criminal con su pareja sentimental, quien actualmente se encuentra privado de libertad.
Según las investigaciones, el cómplice de la mujer cumple una condena por el delito de homicidio en el centro penitenciario David Viloria, situado en la zona de Uribana. A pesar de estar recluido, el hombre participaba activamente en la planificación y ejecución de las estafas, coordinando las acciones desde el interior del recinto carcelario.
El modus operandi empleado por esta pareja criminal comenzaba con la creación de un perfil falso en redes sociales bajo el nombre de "Viangi Rafa". A través de esta cuenta, la mujer entablaba contacto con diversas personas, dedicando un tiempo considerable a interactuar con ellas. El objetivo de esta fase era generar un vínculo de confianza y cercanía con las víctimas, asegurando que los objetivos se sintieran cómodos y seguros en la comunicación con la supuesta identidad digital.
Una vez consolidada la confianza, la detenida iniciaba la fase de manipulación psicológica. En este punto, inventaba una situación dramática, informando a las víctimas que la mujer del perfil, la supuesta Viangi Rafa, se encontraba hospitalizada tras haber intentado suicidarse. Esta narrativa buscaba generar empatía y preocupación en quienes habían sido engañados durante el periodo de interacción previa.
Sin embargo, la estrategia daba un giro drástico al cabo de unos días. El tono de la comunicación pasaba de ser trágico a intimidante. En esta etapa, los estafadores cambiaban la historia y aseguraban que ahora eran funcionarios del Cicpc quienes contactaban a la víctima. Bajo esta falsa identidad institucional, condicionaban a las personas al pago de montos que oscilaban entre los 200 y 500 dólares estadounidenses.
La amenaza central consistía en advertir que, de no cancelar dicha suma de dinero a la brevedad posible, se abriría una investigación formal contra la víctima, pretendiendo responsabilizarla legalmente por la decisión de suicidio de la inexistente Viangi Rafa. Esta presión psicológica y el miedo a enfrentar procesos judiciales impulsaban a las víctimas a realizar los pagos exigidos.
En cuanto a la logística financiera, la mujer detenida facilitaba los números de cuentas bancarias de su esposo, el recluso del centro David Viloria, para asegurar que las transacciones monetarias fueran efectivas. Asimismo, se determinó que la mujer era la encargada de adquirir las tarjetas SIM utilizadas para realizar las llamadas y enviar los mensajes de extorsión, evitando así ser rastreados fácilmente.
Tras la culminación de las diligencias y la recolección de las evidencias correspondientes, el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, organismo que se encargará de coordinar el proceso judicial contra la mujer por los delitos cometidos. Las autoridades reiteraron la importancia de verificar la identidad de las personas con las que se interactúa en plataformas digitales para evitar caer en este tipo de modalidades delictivas basadas en la ingeniería social y el chantaje.
