La tensión alcanzó su punto máximo este domingo tras el enfrentamiento entre el Deportivo Saprissa y el Inter San Carlos. El director técnico del conjunto morado, Hernán Medford, manifestó su total descontento luego de la derrota, dirigiendo sus críticas más severas hacia el cuerpo arbitral encargado del VAR, a quienes señaló abiertamente de actuar con "mala leche".
El entrenador tibaseño no escatimó en palabras para cuestionar el desempeño de los réferis Jesús Montero y Rigo Prendas. El punto central de la controversia radica en una jugada específica donde, según el criterio de Medford, existió un penal claro cometido contra el jugador morado Luis Javier Paradela que no fue señalado ni corregido por la tecnología.
Para el estratega del Saprissa, lo sucedido no puede catalogarse simplemente como un error humano. Medford enfatizó que, al contar con la repetición de la jugada, los responsables del VAR se negaron a informar al árbitro central del compromiso, Keylor Herrera, sobre la infracción cometida dentro del área.
“¿Cómo es posible que el VAR no vea el penal en contra de nosotros? Uno dice: ‘Me huele algo raro, mala leche’. Hay video y digo: ‘Estaban en el VAR, ¿qué pasó, señores?’. Quien me diga lo contrario, que vea el video, está clarísimo. El árbitro falla, pero ¿cómo falla el VAR? Es mala leche, ¿cómo quiere que les diga?”, sentenció Medford en un tono de evidente frustración.
Estas declaraciones han generado un debate inmediato sobre la integridad del arbitraje en el país. Ante este escenario, se consultó la opinión de dos exárbitros, Greivin Porras y Henry Bejarano, para determinar si existen sesgos deliberados contra ciertos equipos o si se trata de una cuestión de competencia técnica.
Ambos exsilbateros coincidieron en que Medford tiene razón en su reclamo técnico, calificando la omisión del penal como un error grave y evidente. No obstante, discrepan rotundamente con la acusación de "mala leche". Greivin Porras señaló que, si bien el VAR es una herramienta costosa que no está brindando los resultados esperados y ha perdido credibilidad, la honestidad de los árbitros en Costa Rica sigue siendo total.
Porras explicó que existen errores humanos claros, pero que estos ocurren de manera bidireccional, afectando a distintos equipos en diferentes momentos, lo que descarta la intención de perjudicar específicamente al Saprissa. Asimismo, sugirió que las palabras de Medford son producto de la impotencia y la frustración por la derrota, pero advirtió que poner en duda la integridad de la autoridad podría tener consecuencias legales.
Según Porras, el Comité Disciplinario posee la potestad de actuar de oficio e iniciar una investigación para determinar si las declaraciones del técnico deben ser sancionadas, ya que no se puede atentar contra la integridad de la autoridad arbitral.
Por su parte, Henry Bejarano ofreció una perspectiva distinta sobre el origen del error. Para él, el problema no es la mala fe, sino la incapacidad técnica de quienes operan el sistema. “Es su frustración por haber perdido, pero es que no es mala leche, es incapacidad. Es algo que se ve porque son árbitros que no pitan ni en primera división, eso es incapacidad y por eso es que estamos como estamos”, afirmó Bejarano.
A pesar de comprender la frustración de Medford, Bejarano se mostró menos seguro sobre la posibilidad de una sanción efectiva, basándose en antecedentes de otros entrenadores que han emitido comentarios similares sin recibir castigos.
Sin embargo, el marco normativo es claro. El Reglamento Disciplinario para la temporada 2026-2027, específicamente en sus artículos 44 y 44 bis, establece que referirse a los árbitros de forma difamatoria, calumniosa o injuriosa a través de medios de comunicación, entrevistas o conferencias de prensa, es motivo de sanción.
Las multas económicas previstas son progresivas: un millón de colones por la primera infracción, dos millones de colones por la segunda y tres millones de colones en caso de una tercera reincidencia. El reglamento estipula que estas sanciones pueden ser aplicadas ya sea a solicitud de la parte afectada o de oficio por las autoridades competentes.
