El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizó un anuncio de gran impacto en materia de política educativa durante un acto masivo celebrado en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en la capital, San Salvador. Ante una multitud compuesta por aproximadamente 30.000 jóvenes estudiantes pertenecientes al sector público, el mandatario informó que el Estado salvadoreño incrementará la inversión anual en la cartera de Educación hasta alcanzar la cifra de 3.000 millones de dólares.
Según las declaraciones ofrecidas por el jefe de Estado, este monto representa más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Bukele subrayó que esta nueva cifra es tres veces superior a los montos que fueron invertidos por los gobiernos anteriores, marcando un giro significativo en la asignación de recursos financieros destinados al desarrollo académico y profesional de la juventud salvadoreña.
El mandatario destacó que este movimiento financiero transformaría la posición de El Salvador en la región. Considerando que el presupuesto estatal destinado a la Educación para el presente año es de 1.683 millones de dólares, el incremento propuesto convertiría al país en aquel que más invierte su economía en el sector educativo de toda Latinoamérica, según las afirmaciones del presidente.
Como parte integral de esta estrategia, Bukele detalló la puesta en marcha de un programa de becas universitarias diseñado para beneficiar a unos 50.000 alumnos durante el presente año. Este programa cuenta con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un acuerdo valorado en 100 millones de dólares. El mandatario explicó que el uso de fondos del BID tiene como objetivo fundamental garantizar que el programa no dependa de la voluntad de un gobierno específico ni de las limitaciones presupuestarias internas.
Respecto a la continuidad de este beneficio, el presidente aseguró que las 50.000 becas otorgadas este año representan solo el inicio. Indicó que para el próximo año se incrementará la cantidad de becas y que este proceso continuará sucesivamente hasta que todos los jóvenes salvadoreños tengan la oportunidad de estudiar. No obstante, el mandatario no precisó el costo total proyectado para este programa a largo plazo ni el porcentaje exacto del presupuesto de Educación que se destinará a cubrirlo.
Bukele recordó que, en marzo de 2025, ya había anunciado un programa de becas dirigido a todos los jóvenes de El Salvador. Para acceder a este beneficio, se estableció un único requisito: obtener buenas notas, completar el proceso formativo y realizar trabajo comunitario. El mandatario calificó esta iniciativa como la "mano blanda del Gobierno", un término que volvió a emplear durante su discurso en el Estadio Mágico González.
Durante su intervención, el presidente hizo una distinción explícita entre sus políticas sociales y sus estrategias de seguridad pública. Afirmó que, si bien a nivel internacional su administración es reconocida por aplicar una "mano dura" contra el crimen, la delincuencia, las pandillas y el narcotráfico, es imperativo mantener una "mano blanda, amiga y buena con los buenos", refiriéndose a los ciudadanos que cumplen la ley y buscan superarse.
Estas declaraciones se producen en un contexto político marcado por el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta medida extraordinaria fue implementada tras una ola de asesinatos vinculada a la ruptura de un pacto gubernamental y ha resultado en la detención de 92.000 personas. El propio presidente Bukele ha admitido que, dentro de este proceso, existen 8.000 personas inocentes que fueron detenidas.
La política de seguridad ha sido la apuesta principal y única del Gobierno contra las pandillas, factor que fue determinante para que Bukele lograra su reelección inmediata en 2024, a pesar de que la Constitución prohibía tal acción. Paralelamente, organizaciones y defensores de derechos humanos han denunciado la situación en las cárceles, contabilizando más de 6.400 denuncias por abusos cometidos bajo esta política de seguridad pública. Además, se ha reportado la muerte de al menos 554 personas mientras se encontraban en custodia estatal, muchas de las cuales presentaban signos evidentes de violencia física.
