¿Hasta dónde llega la influencia del crimen organizado en los funcionarios públicos de Costa Rica? Recientes operativos policiales han reabierto una pregunta alarmante sobre el nivel de infiltración en las instituciones del Estado.
Casos recientes revelan un panorama complejo. El presunto narco alias "Diablo" aseguró haber contado con ayuda de la Fuerza Pública, mientras que el OIJ desarticuló una red de agentes de Fuerza Pública y Policía de Fronteras para exportar cocaína desde Limón. Además, un informe interno del Ministerio de Seguridad vinculó a 116 policías de la Zona Sur con narcotráfico, contrabando y trata de personas.
La problemática no se limita a los cuerpos policiales. La presidenta Laura Fernández señaló que el narcotráfico ha penetrado el Poder Judicial, citando la extradición del exmagistrado Celso Gamboa. Solo en junio de 2024, se detuvieron 11 funcionarios judiciales, incluyendo a un juez penal en Limón sospechoso de almacenar drogas en su vivienda.
La criminóloga Tania Molina explica que el crimen organizado no elige instituciones, sino funciones. Buscan a alguien que "mire para otro lado" en fronteras, un policía de tránsito que no detenga un vehículo o un juez que ralentice procesos. Para estas estructuras, la corrupción es un modelo económico más rentable que la violencia directa contra el Estado.
El fiscal general, Carlo Díaz, advierte que Costa Rica pasó de ser una bodega de cocaína a un reexportador, lo que ha incrementado la capacidad económica de los grupos criminales para comprar protección.
Si bien existen controles internos que detectan estas irregularidades, la experta Molina advierte que el país se mueve hacia una corrupción sistémica. El síntoma más grave no es lo que sale a la luz, sino lo que permanece oculto. La pregunta final es: ¿Cuánta corrupción no estamos viendo?
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