El denominado "modelo Bukele" se ha transformado en el epicentro del debate político no solo en El Salvador, sino en diversas naciones de América Latina. En Brasil, de cara a los comicios generales de octubre, figuras como Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema han manifestado su inspiración en los métodos del presidente salvadoreño, prometiendo implementar políticas alineadas con su estrategia de seguridad si alcanzan la presidencia.
En El Salvador, la transformación es palpable en barrios que antes eran considerados los más peligrosos del mundo. Adélia Rosales, una maestra de preescolar residente de la colonia La Campanera en San Salvador, recuerda el terror de vivir bajo el control de pandillas como el Barrio 18 y la MS-13, donde los homicidios eran moneda corriente. Sin embargo, desde la implementación del régimen de excepción en 2022, el escenario ha cambiado drásticamente. Actualmente, el barrio es patrullado por soldados armados y los niños pueden jugar en las calles hasta altas horas de la noche.
Este cambio ha sido posible gracias a medidas drásticas decretadas por la Asamblea Legislativa. El régimen de emergencia permite a las fuerzas de seguridad arrestar personas sin órdenes judiciales, mantener detenciones prolongadas sin acusaciones formales y restringir el acceso a la defensa legal. Bajo este esquema, aproximadamente 90.000 personas han sido encarceladas por presuntos vínculos con pandillas. Esta estrategia ha llevado a El Salvador a registrar una tasa de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, la más baja de las Américas, contrastando con los 103 homicidios por cada 100.000 registrados en 2015.
No obstante, el éxito en los indicadores de seguridad ha tenido un costo institucional y democrático. Bukele ha concentrado el poder a niveles considerables: 57 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa apoyan su gestión y, en 2021, el Congreso destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional para reemplazarlos por figuras afines al gobierno. Estos cambios legales han facilitado la posibilidad de una reelección ilimitada y la extensión del mandato presidencial, permitiendo que Bukele busque un tercer mandato en 2027 que podría mantenerlo en el poder hasta 2033.
En el ámbito económico, el país muestra contrastes profundos. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) reportó un crecimiento económico del 3,9% en 2025 y se observa un auge inmobiliario impulsado por inversiones del exterior, la pobreza ha aumentado. Según el Banco Mundial, la proporción de hogares bajo la línea nacional de pobreza subió del 22,8% en 2019 al 27,2% en 2023, mientras que la pobreza extrema aumentó del 4,3% al 8,8%. Ciudadanos como José Manuel, un vendedor de chatarra, describen la revitalización del centro histórico de San Salvador como un "maquillaje" que oculta la falta de empleo y la lucha diaria por la supervivencia.
El costo humano del modelo es denunciado por organizaciones de derechos humanos. El Salvador posee hoy la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 1.659 presos por cada 100.000 habitantes. Casos como el de los hermanos Vega González ilustran la vulnerabilidad del sistema: detenidos mediante denuncias anónimas y sin proceso judicial, algunos han muerto bajo custodia del Estado. La ONG Ayuda Legal Humanitaria reporta que 537 personas arrestadas durante el régimen de excepción fallecieron en prisión antes de ser juzgadas.
Expertos como el politólogo Robert Muggah advierten que replicar este modelo en países más grandes, como Brasil, es complejo. Mientras que las pandillas salvadoreñas eran territoriales y fácilmente identificables, organizaciones como el PCC o el Comando Vermelho en Brasil operan como empresas multinacionales. Asimismo, el caso de Ecuador demuestra la dificultad de esta transición, ya que, tras adoptar medidas similares, el país registró un número récord de homicidios el año pasado.
A pesar de las críticas y la denuncia de una deriva autoritaria, la popularidad de Bukele se mantiene sólida, alcanzando un 67,4% de aprobación. Para muchos ciudadanos, como la maestra Rosales, la tranquilidad de vivir sin el miedo constante a las pandillas justifica el sacrificio de ciertas garantías democráticas, resumiendo la situación en que comer tranquilamente es preferible a vivir con el temor de que toquen a su puerta para llevarse a un familiar.
