El escenario político chileno atraviesa un momento de alta tensión, marcado por una caída sostenida en la aprobación presidencial y profundas grietas en la coalición de gobierno. El presidente José Antonio Kast ha alcanzado niveles de desaprobación que guardan una similitud estadística con los de su predecesor, Gabriel Boric. Según datos de la encuesta Cadem al 5 de julio de 2026, Kast registró una aprobación del 37% y una desaprobación del 60%, logrando esta cifra en 116 días. Este registro se sitúa a solo 48 horas de distancia de lo vivido por Gabriel Boric, quien cruzó la línea del 60% de desaprobación el 3 de julio de 2022, tras 114 días de gestión y con un 33% de aprobación.
Ante este desplome en las encuestas, la administración de Kast ha optado por una estrategia de "efectismo político", priorizando despliegues ministeriales masivos y acciones de alto impacto visual para contrarrestar la percepción de inseguridad, la cual suele tener más peso en la opinión pública que las estadísticas criminales. Un ejemplo de esta gestión comunicacional es el caso de la cárcel de Talca; aunque el oficialismo ha intentado venderla como un logro propio, el proyecto fue en realidad proyectado por Michelle Bachelet, construido por Sebastián Piñera e inaugurado por Gabriel Boric.
En el ámbito legislativo, la Reforma Constitucional en Seguridad se ha convertido en el principal punto de fricción entre el Ejecutivo y Chile Vamos. Lo que inicialmente parecía un apoyo total se ha transformado en una resistencia activa por parte de la UDI, RN y Evópoli, quienes han levantado "cortafuegos" contra lo que consideran excesos autoritarios. Los reparos se centran en las amplias facultades presidenciales, la instauración de estados de excepción de seguridad por 120 días con prórrogas inéditas de hasta 240 días, y la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial.
Esta situación ha llevado a que legisladores como Squella y Longton lleven a cabo negociaciones secretas con un senador de la UDI para modificar tres puntos clave: restringir los poderes del presidente, reintegrar el control del Congreso sobre los estados de excepción y frenar las interceptaciones sin orden judicial. El debate ha escalado al plano académico, donde el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, advirtió en El Mercurio sobre la deriva hacia una "democracia iliberal", comparando algunas de las medidas propuestas, especialmente respecto al Tribunal Constitucional, con el modelo de Nayib Bukele, donde se utilizan las reglas de la mayoría para socavar los derechos fundamentales.
Paralelamente, la derecha enfrenta una crisis de relato interna. La comisión impulsada por el Partido Nacional Libertario (PNL) para investigar la violencia del 18 de octubre terminó revelando fallas críticas en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. La diputada Paulina Muñoz reconoció debilidades estatales para combatir los desórdenes públicos. La investigación rescató el denominado "Plan Zeta", basado en un informe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) que aseguraba la existencia de 600 agentes clandestinos cubanos y señalaba a Pedro Carvajalino como comandante de una ofensiva insurreccional. Sin embargo, se reveló que Carvajalino era en realidad un youtuber y conductor de un programa de televisión, evidenciando errores graves de inteligencia.
En medio de este clima, el expresidente Gabriel Boric ha retomado la escena pública con una estrategia de reconstrucción de relato. Tras intervenciones en Uruguay y reuniones partidarias, Boric busca proyectar una izquierda que aprende de sus errores y que no renuncia a sus principios progresistas. El expresidente plantea que la seguridad debe dejar de ser un territorio ajeno a la izquierda para ser entendida como un derecho y obligación básica del Estado, marcando una corrección respecto a la tendencia de su generación de centrarse principalmente en la denuncia de excesos policiales.
Finalmente, el contexto se ve ensombrecido por la "Operación Amsterdam", una investigación sobre tráfico de marihuana a través de dispensarios que ha pasado de afectar al mundo de la farándula a involucrar a hijos de la élite criolla, generando interrogantes sobre la posible suspensión de derechos sociales para ciudadanos vinculados al crimen organizado.
